Un juzgado de Palma para la ejecución de un desahucio

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que clasifica la ley de desahucio española como ilegal, ya ha tenido en Palma una primera consecuencia.

La titular del Juzgado de primera Instancia 6 de Palma Ilma. Sra. María isabel del Valle García,  ha acordado paralizar una ejecución de desahucio ateniendose precisamente a este dictámen.

La argumentación del auto dictado el pasado día 15 de marzo, resalta que "dada cuenta; habiéndose dictado en el día de ayer sentencia por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que se pronuncia acerca de la adecuación de la legislación española, Ley Hipotecaria y LEC, a la normativa comunitaria contenida en la Directiva 93/13/CEE, fallando en el sentido de que no es conforme con la misma, esencialmente y en síntesis, por la falta de garantías suficientes del proceso de ejecución hipotecaria, entre las que se encuentra la de no permitir al consumidor oponer como motivo de oposición el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo, se acuerda la suspensión de la presente ejecución en el estado en que se encuentra a fin de valorar las circunstancias concretas concurrentes en la misma a la luz de la sentencia citada".

En un comunicado emitido por la Asociación de Consumidores de las Islas Baleares (ACUIB), resaltan que "en definitiva suspende el procedimiento de ejecución hipotecaria y el consumidor afectado por la misma podrá permanecer en su vivienda hasta que un proceso ilegal como el de ejecución hipotecaria se rectifique. Con ello se demuestra la importancia de dicha Sentencia a pesar de los esfuerzos de diluir su impacto por los mismos expertos que han defendido la seguridad jurídica para rechazar la dación en pago cuando lo cierto es que la seguridad jurídica de decenas de miles de consumidores que han sido ejecutados ha sido vulnerada durante más de 20 años gracias a que nuestros gobernantes se han decantado de manera absolutamente ominosa por favorecer los intereses de las entidades financieras".