Otra juez también prohíbe a Ruiz-Mateos salir del país

La juez de adscripción territorial María Pascual, en funciones de refuerzo en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, ha decretado la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional sin autorización judicial para el empresario José María Ruiz-Mateos, en el marco de la causa que indaga la presunta estafa de 13,9 millones a Inversiones Grupo Miralles, según han informado fuentes judiciales a Europa Press.

Así lo ha acordado la magistrada a petición de la Fiscalía, que el pasado martes solicitó estas medidas cautelares a fin de evitar que el fundador de Nueva Rumasa, quien ese día se acogió a su derecho de no declarar por estos hechos, se sustraiga de la acción judicial.

No obstante, la jueza ha desestimado la petición de la acusación particular, ejercida por la abogada Isabel Fluxà en representación del hotelero Francisco Miralles, de decretar contra quien fuese patriarca del conocido 'holding' empresarial prisión eludible bajo fianza de dos millones de euros.

La juez ha adoptado por tanto las mismas medidas que decretó ese mismo día el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, quien además acordó para Ruiz-Mateos la obligación de comparecer periódicamente 'apud acta' en dependencias judiciales, después de que también se negase a declarar por otra presunta estafa de 7,3 millones de euros a Inversiones Insulares Radó.

Se da la circunstancia de que este mes, el juez también decretó la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días en el Juzgado a los seis hijos varones de Ruiz-Mateos, a raíz de la denuncia interpuesta contra ellos por la familia mallorquina Radó por presuntos delitos de estafa, falsedad en documento mercantil y estafa procesal.

Tras no declarar en el caso denunciado por el Grupo Miralles, el empresario jerezano, a su salida de los Juzgados, acusó al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, de "manejar a los jueces como quiere".

Y es que la entidad bancaria decidió el pasado año cortar el crédito a Nueva Rumasa, que se encontraba en situación de mora con el Santander al menos desde agosto de 2010, cuando trataba de refinanciar su deuda con esta entidad, situada en los 330 millones de euros, prácticamente la mitad del endeudamiento financiero del grupo.