Objetivo: Munar

Desde el lunes 14 se ha enjuiciado en la sección segunda de la Audiencia Provincial, una pieza separada del Caso Maquillaje conocida como ‘Temps d’esport’. Hasta hoy, ocho sesiones donde han declarado todos los imputados menos uno, que se acogió a su derecho a no declarar, y un buen número de testigos y peritos (funcionarios de Policía y de Hacienda). Desde luego, el nombre que se dio al caso matriz del que nace esta pieza separada, ‘Maquillaje’, ya era claramente indicativo de a por quién iban los investigadores. Iban a hacer todo lo posible para que no se les escapara el objetivo que se habían propuesto abatir: María Antonia Munar.

Según sostiene la fiscalía, la histórica líder de Unió Mallorquina y su vicepresidente en el Consell, Miquel Nadal, decidieron conjuntamente adquirir Video U. Basan este relato en la acusación que formuló ante el juez instructor Miquel Nadal y también los administradores de Video U, Miquel Oliver, Luisa Almiñana y Ramón Rullán. Sin embargo, hay que dejar constancia que todos ellos modificaron su declaración, pues con antelación ante el juez habían negado toda irregularidad ni responsabilidad en la compra de Video U ni en las subvenciones recibidas del Consell, en total 240.000 euros. Así pues, todos ellos son coimputados que modifican su declaración a cambio de recibir un trato favorable por parte de la fiscalía, como así ha sido. Sin embargo, ninguno de ellos aporta ninguna prueba material más allá de su testimonio, que como es sabido, no tiene por qué ser verídico dado que los imputados no están obligados a decir verdad.

Oliver, Almiñana y Rullán acusaron a Margarita Sotomayor, ex directora insular de Comunicación del Consell de Mallorca, de proponerles que solicitaran una subvención al Consell de 120.000 euros para unos programas de radio que no se harían ni se emitirían jamás. A pesar de que ellos son los grandes cerebros de toda la trama de solicitud de subvenciones y de que se llevaron el dinero, sostienen que fueron engañados. Pero no aportan ninguna prueba de nada. De hecho, dicen saber que Munar era propietaria de Video U porque se lo dijo Miquel Nadal, otro imputado. Sus testimonios son alegatos de coimputados y además, referenciales. Todo les incrimina a ellos, pero consiguen que la fiscalía solicite para ellos penas menores, que no suponen ingresar en prisión, con el simple hecho de acusar a María Antonia Munar de ser la propietaria de Video U a través de un testaferro, Víctor García.

Este, al ser interrogado, sostiene que a él fue a buscarlo Miquel Nadal a través de su esposa, dado que esta trabajaba en la campaña de Nadal y era de su equipo. Es cierto que era prima del marido de Munar, pero eso nada prueba. El testimonio de García fue contundente. Declaró ser el testaferro de Nadal, no de Munar. Pero el fiscal no le cree. Ningún testimonio que exculpe a Munar tiene credibilidad para el fiscal. Solo los inculpatorios, aunque sean de coimputados y no vayan acompañados de pruebas.

Miquel Nadal confesó haber comprado Video U a través de un testaferro, Miguel Sard, hombre de su entera confianza. Declaró que Munar le dio 300.000 euros en efectivo dentro de un sobre, se supone que de dinero negro que había en el partido (aunque él eso dice desconocerlo) el 21 de noviembre de 2004 en el coche oficial de Munar, mientras se trasladaban hacia Palma por la autopista. Todo le apuntaba a él en la trama. Sin embargo, decide señalar a María Antonia Munar y solo por eso, la fiscalía cambia una petición de pena inicial de 6 años de prisión en una de 2 años y 7 meses. A pesar de que los dos funcionarios conductores de Munar declararon en el juicio que ese día no trabajaron y que el coche no se movió, la fiscalía nuevamente desprecia todo testimonio exculpatorio de Munar. Solo los inculpatorios, aunque sean tan frágiles como el de Nadal y sean triturados por otras pruebas que demuestran su inconsistencia, cuando no su falsedad, son tenidos en cuenta.

Incluso los abogados Font y Gené, que eran socios de Video U con un 5% de las acciones cada uno, declararon como testigos que no sabían nada de que Munar estuviera detrás de Víctor García, tampoco esta contundente prueba testifical les hace cuestionarse su relato acusatorio.

Para demostrar la tesis de que Video U era propiedad de los líderes de UM Munar y Nadal, el fiscal trae a declarar a un buen número de personas que fueron contratados por la productora, aunque trabajaban para el Consell y para el partido. Sin embargo, todos los “colocados” en Video U apuntan a Nadal y a su secretaria. Nadie tiene ninguna relación con Munar. Pero a los fiscales les da igual. Munar tenía que haberlo organizado todo. O al menos, tenía que saberlo. Pero no hay ninguna prueba de ello y hasta el propio Nadal niega saber nada de este asunto. Y los fiscales no indagan porque Nadal no es la pieza a batir, sino un elemento a premiar por ayudarles en su cacería.

Para demostrar la existencia de dinero negro en UM, la fiscalía presenta al juicio a Álvaro Llompart, quien fuera tesorero del partido siendo presidente Miguel Ángel Flaquer. Ni siquiera estaba afiliado a UM cuando Munar era presidenta de la formación. Y declara, como no, que Flaquer le dijo (nuevamente otro testimonio de referencia) que Munar era la que controlaba la caja B con dinero negro de comisiones…¡¡¡aunque ya no era la presidenta!!! Llompart no aportó ninguna prueba más que su palabra. Y la fiscalía no se molestó en llamar a declarar a Flaquer para que corroborase o desmintiese el testimonio de Llompart. ¿Para qué? ¿Para que niegue la versión de Llompart? No interesa. Álvaro Llompart era el contable de UM cuando la Policía Judicial registró la sede del Partido. De hecho, le detuvieron semanas antes y él está colaborando con la fiscalía para evitar males mayores. Es decir, otro testimonio de un imputado (aunque en otra causa) que declara lo que la fiscalía quiere oír, aunque dice que otro (Flaquer) le dijo. Carece de toda credibilidad, pero no importa.

 La fiscalía sostiene una petición de pena de 6 años para Munar sin más pruebas que las declaraciones de coimputados, muchas de ellas referenciales, que no aportan ninguna prueba que sustente su testimonio, pero que se ven generosamente beneficiados por la fiscalía por incriminar a quien la fiscalía se fijó ya al inicio de todo, cuando hubo que ponerle nombre al caso (caso Maquillaje), como su máximo objetivo a batir: María Antonia Munar. Si no hay pruebas, eso es lo de menos.