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Después que se haya conocido la sentencia por el caso Vídeo U que la condena a cinco años y medio de prisión por malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial, negociaciones prohibidas y prevaricación, Maria Antònia Munar ha anunciado a través de un comunicado de prensa enviado a los medios de comunicación que recorrerá la sentencia ante el Tribunal Supremo amparándose en la vulneración de la presunción de inocencia.
Esta vulneración de la presunción de inocencia se basa, según Munar, en que la sentencia “está basada en mentiras de otros imputados que primero dijeron una cosa y luego otra distinta, con el único objetivo de librarse de entrar en prisión por los delitos que ellos sí cometieron, por los que se lucraron y se beneficiaron y que se han probado sobradamente”. Además, considera que no se han probado los hechos en los que se basa la sentencia para condenarla y que ha sido “obligada a probar mi inocencia a través de desvirtuar los testimonios acusatorios en mi contra. Y aun habiéndolo hecho, el Tribunal no lo considera suficiente dando más credibilidad a los testimonios de otros imputados aunque se haya acreditado que mentían” según afirma Munar.
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Munar se queja especialmente de que no se haya querido “atender el testimonio de los conductores que declararon en el juicio que el día en que Miquel Nadal sostiene que le entregué 300.000 euros en el coche oficial, ese día el coche no salió de la cochera. Miquel Nadal no viajó conmigo el 21 noviembre de 2004 en un coche oficial, porque sencillamente el coche oficial no se movió del garaje ese día. Lo dijeron los chóferes en el juicio y se probó documentalmente con sendos certificados oficiales”.
La expresidenta del Parlament, del Consell de Mallorca y de Unió Mallorquina considera que se trata de una sentencia “redactada de antemano, que únicamente tiene en cuenta los pronunciamientos de la fiscalía” y la califica de “política” y que “vulnera derechos constitucionales, construida sobre mentiras de gente que recibe privilegios procesales a cambio de ellas. Y que aun probando la falsedad de las acusaciones, el Tribunal sustenta una condena sobre indicios que se probó que eran falsos”.
Munar califica el proceso penal en el que ha sido condenada como “plagado de irregularidades, donde la fiscalía ha presionado de forma intolerable a otros imputados e incluso a testigos, con la intención de que corroboraran sus tesis, por falsas que fueran” considera como impropio de un Estado de Derecho que se haya “llegado al punto de quitar imputaciones en otras causas a testigos propuestos por la fiscalía y ha imputar a testigos propuestos por mi defensa” y por ello afirma que se “han pisoteado los derechos constitucionales de forma inquisitorial”.
Finalmente, Munar afirma que ha “padecido durante dos años un juicio mediático y recientemente un juicio político. Hemos luchado durante muchos años para conseguir una sociedad justa y democrática, donde se respeten los derechos constitucionales de todos los ciudadanos. Condenar a alguien sin pruebas, o hacerlo sin atender las pruebas que le absuelven es impropio de un país moderno”.