La revista quincenal “l’Estel” ha publicado el segundo capítulo de “La conspiració contra els mallorquins” centrado en la figura del exdelegado de Hacienda en Baleares Raúl Burillo.
Nacido en Zaragoza en 1964, Raúl Burillo Pacheco estuvo al frente de la Agencia Tributaria en Baleares del 2004 al 2010. Su relevo coincidió con el nombramiento de Elena Salgado como Ministra de Economía quien realizó cambios entre los cargos de confianza de su predecesor en el cargo Pedro Solbes.
Jaume Sastre y Josep Palou, autores del estudio, acuden a aseveraciones realizadas por el propio Burillo en su blog para afirmar que su intención era “hacer méritos frente a sus jefes del PSOE de Madrid” para que lo destinaran a la capital de España tal y como era su deseo.
Una vez en Mallorca, lo primero que hizo –según l’Estel-fue “marginar a los funcionarios mallorquines de hacienda ya que los consideraba unos corruptos y mafiosos”. En referencia a la Operación Relámpago, reconoce el arrinconamiento de los funcionarios mallorquines con la afirmación “es bueno contar en este tipo de trabajos con gente joven y de fuera”.
Para conseguir su propósito, y siguiendo la argumentación expuesta en l’Estel- usó la Agencia Tributaria para investigar a la considerada bisagra política de Baleares: Unió Mallorquina. A los autores les llama la atención que sólo se hayan investigado las relaciones de ciertos empresarios con UM y no con otros partidos sabiendo que existieron. El enlace argumental lo realizan al afirmar que existía un sector en el Partido Socialista Obrero Español –citan a Joan Mesquida, Aina Calvo, Ramon Socías, Carles Manera y Francina Armengol- que creían que sin existir UM el PSIB podía conseguir el gobierno coaligándose con el PSM. Como se demostró en 2011, fallaron las matemáticas o el sentido común.
No consideran, Sastre y Palou, que Burillo fuera por libre basándose en que el zaragozano afirma en su blog que “dentro de la Agencia Tributaria española impera un régimen presidencialista, quien manda es Madrid” y que “Nuestra delegación de Baleares era una de las pocas que disponía de una Unidad de Investigación de grandes tramas de fraude. Todas ellas eran coordinadas desde Madrid (…) la coordinación con la fiscalía anticorrupción también era importante desde Madrid”.
Los autores marcan como grandes víctimas de “la conspiración” a los empresarios mallorquines, especialmente los que son propietarios de medios de comunicación. De hecho, consideran que mediante su persecución judicial y mediática – por parte de los medios colaboradores que recibían información confidencial- se busca su substitución por otros empresarios de procedencia peninsular. De hecho, afirman que “El verdadero motivo y último de esta conspiración es una guerra empresarial (…). Toda la habladuría de la “lucha contra la corrupción” no es más que una grosera tomadura de pelo…”.
Como nota curiosa, Jaume Sastre y Josep Palou destacan que el responsable de investigar las irregularidades fiscales de personas y empresas tenga cuentas pendientes con varios ayuntamientos de España, entre ellos el de Sant Llorenç.