La juez Raquel Crespo ha citado de nuevo a declarar como imputado a José María Ruiz Mateos por la presunta estafa por valor de 13,9 millones a Inversiones Grupo Miralles (IGM) después de que un informe médico constate que “no existe impedimento” para que el fundador de Nueva Rumasa se traslade hasta Palma para declarar.
En concreto, la magistrada lo ha citado para el próximo 12 de enero de 2012 a las diez de la mañana para que responda por un presunto delito de estafa, del que también se acusa a sus seis hijos varones, por la operación de compraventa del Hotel Eurocalas, en Calas de Mallorca.
El patriarca del conocido ‘holding’ empresarial había sido citado el pasado 27 de julio pero no acudió a declarar alegando enfermedad por lo que la juez solicitó un informe médico que lo corroborase.
La defensa de Ruiz Mateos entregó en el mes de septiembre una carta médica en la que se especificaba que el empresario tiene problemas de movilidad derivados del Parkinson lo que le impedía desplazarse a Palma. Sin embargo, la juez considera que no existe impedimento alguno para que el fundador de Rumasa declare en Palma.
Tal y como apunta la querella, Inversiones Miralles formalizó en mayo de 2006 la venta a Calwell del 99,99% del capital social de Bastimentero, entidad propietaria del Hotel Eurocalas, por 23,67 millones de euros. Del importe total, se abonó 789.028 euros y se acordó el pago aplazado de 22,88 millones de euros a través de pagarés con vencimientos mensuales y con la garantía y el aval de la sociedad Montumo, así como de José María Ruiz-Mateos y todos sus hijos varones con avales personales hasta la suma de 24 millones de euros.
Los pagarés se fueron abonando hasta que en el verano de 2010 quedaron interrumpidos los pagos, según consta en la denuncia, que detalla que en enero de 2011, “dados los problemas de cumplir el calendario de pagos”, se acordó rebajar las cuotas mensuales a la mitad durante un periodo de dos años y sustituir el aval de Montumo en los pagarés que se renuevan por los avales de Clesa.
Menos de tres meses después, Clesa presentó concurso de acreedores, lo que, a juicio del denunciante, “demuestra nuevamente el engaño por parte de los deudores”. Hasta el momento, se ha satisfecho un total de 10,85 millones de euros y quedarían pendientes de pago 12,81 millones, según la querella, que cifra la estafa en 13,93 millones al sumar intereses y actas de Hacienda.