La Fiscalía pide 4 años de cárcel para Nadal por pagar trabajos no realizados cuando era conseller de Turismo

La Fiscalía Anticorrupción pide cuatro años y cuatro meses de cárcel para el ex conseller de Turismo del Govern y ex presidente de UM, Miquel Nadal, quien desde el próximo martes se sentará de nuevo en el banquillo de los acusados por auspiciar la contratación presuntamente fraudulenta de un ex regidor de Unió Mallorquina en Sóller por unos servicios que no le entrañaban trabajo alguno, pero por los que cobró 13.080 euros públicos como gratificación por las labores que sí había realizado en favor de UM cuando Nadal era presidente.

El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares será el encargado de juzgar a Nadal. Se trata de la segunda vista que se celebrará en el marco del caso Voltor. En esta ocasión, Nadal se enfrentará al tribunal junto al ex concejal de UM en Sóller Tomás Plomer -para quien el Ministerio Público solicita un año de prisión-, el ex director general de Promoción Turística Joan Sastre -dos años y dos meses de cárcel-, el ex gerente del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) Antoni Oliver, y la ex responsable del CITTIB Luisa Tortella, todos ellos excargos públicos de la Consellería de Turismo.

Según relata la acusación en su escrito de calificación, Nadal decidió "de forma arbitraria" beneficiar a Plomer, con quien tenía antigua amistad y a quien quería favorecer por servicios y colaboraciones prestados en el seno de la formación regionalista, clave en la formación del Govern de la pasada legislatura.

Es por ello que, según la Fiscalía, el ex presidente de UM llevó a cabo las gestiones necesarias para crear un expediente de contratación 'ad hoc' en beneficio de Plomer, ordenando para ello los trámites oportunos a Sastre, Oliver y Tortella, quien inició el expediente y acordó la propuesta de resolución de cara a aprobar el gasto de 13.080 euros del Inestur aparentemente por la prestación de servicios de información turística de la Serra de Tramuntana mediante pantallas táctiles.

Una labor que, sin embargo, Tortella ordenó que llevasen cabo las empleadas del Inestur y del CITTIB, instándoles a que "arreglaran el contrato de Plomer" y "le hicieran el trabajo", puesto que el exedil de UM, apunta Anticorrupción, "carecía de todo conocimiento necesario para la realización de ese trabajo". De hecho, el Inestur "no acreditó en absoluto" que Plomer estuviera en condiciones legales de contratar con la Administración ni que fuera técnicamente capaz.

Así, en diciembre de 2009 Plomer fue citado telefónicamente para que acudiera al Inestur a firmar el trabajo elaborado por las empleadas del organismo público y en el que el acusado no había tenido participación alguna, a pesar de que seis meses antes (en abril) ya había cobrado este servicio. "Además de congraciarse con él, Nadal conseguía generar en Plomer una relación de endeudamiento con él y para con el partido", sostiene la Fiscalía.

El propio ex concejal reconoció su intervención en los hechos en su primera declaración ante la Policía Judicial y posteriormente consignó la cantidad defraudada, por lo que sobre él pide la Fiscalía que se le apliquen las atenuantes de reparación del daño producido y de confesión. A raíz de la trama urdida para beneficiarle, Anticorrupción considera los hechos constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos y otro continuado de prevaricación.