Denuncia ciudadana por las prácticas de la Fiscalía Anticorrupción

Un grupo de ciudadanos se han dirigido mediante carta al presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) Antoni Terrasa para expresarle su queja por la “desproporción y mala praxis de la administración de justicia”, relacionada sobretodo con ciertas prácticas del Ministerio Público.

Dentro de esta “mala praxis” se hace referencia a la relación entre Fiscalía Anticorrupción y los medios de comunicación criticando la “peligrosa práctica de los juicios paralelos” de la que ha sido víctima incluso el presidente del Consejo General del Poder Judicial Carlos Dívar. Así pues, se hace referencia a las “filtraciones (…) que en numerosas ocasiones han servido para que los medios de comunicación lleguen al lugar mucho antes que los propios efectivos policiales” y a los “compadreos entre los medios de comunicación y sus fuentes que han hecho que los imputados sepan las intenciones de la Fiscalía por los medios de comunicación”.

Dedican otro apartado a la obtención de pruebas criticando sobretodo los “vergonzosos pactos con imputados prometiendo penas sin prisión o absoluciones con el único objetivo de incriminar de palabra a sus superiores” y la “injustificada prisión preventiva de empresarios con el fin de conseguir confesiones”.

Estos ciudadanos hacen referencia implícita al expresidente Jaume Matas al recordar que “ha habido escuchas ilegales entre abogados y sus clientes, registros domiciliarios en plena Nochebuena, imputaciones selectivas y fianzas trampa y espectaculares”.

En la misiva, consideran que en Baleares “hemos asistido a una exhibición desproporcionada de centenares de imputados a los que para nada seles ha preservado el más mínimo de los derechos de protección de la imagen”.

Por todo ello, los remitentes piden al presidente del TSJIB “un cambio urgente en la manera de proceder en la instrucción de los juicios de todas las causas abiertas para que se preserve el derecho al honor, a la imagen y sobretodo a la presunción de inocencia.

La carta, firmada por 7 ciudadanos que han indicado su DNI, también ha sido enviada al Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General de Estado, Consejo General de la Abogacía Española, Ilustre Colegio de Abogados de las Islas Baleares y Colegio Oficial de Procuradores de las Islas Baleares y a los medios de comunicación.

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