Castro y Horrach van a por Gallardón

Alberto Ruiz-Gallardón, actual ministro de Justicia y ex alcalde de Madrid, parece estar en el punto de mira del juez José Castro y del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, a cuenta de la candidatura olímpica de Madrid 2016 y de la donación de 120.000 euros que el Ayuntamiento de Madrid hizo a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, entidad vinculada al Instituto Nóos.

Hace unos días el juez y el fiscal se trasladaron a Madrid donde tomaron declaración en calidad de imputada a Mercedes Coghen, ex consejera delegada de Madrid 2016, a su director general Miguel de la Villa Polo y al ex director financiero Gerardo Corral Cuadrado. También se interrogó a siete testigos entre los cuales se encuentra la concejal de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Patricia Lázaro.

Sin embargo, el ministro Ruiz-Gallardón no se ha quedado de brazos cruzados ante la investigación a tres de sus más estrechos colaboradores en su etapa al frente del Ayuntamiento de la capital. La semana pasada la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) exigió al juez Castro explicaciones de su viaje junto al fiscal Pedro Horrach a Madrid. Habitualmente los jueces deben informar al CGPJ de sus traslados fuera de su jurisdicción y solicitar la oportuna comisión de servicio. De modo inusual, este asunto fue tratado en reunión de la Comisión Permanente. Gonzalo Moliner, presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, junto a otros dos vocales conservadores, Antonio Dorado y Almudena Lastra votaron por pedir explicaciones al juez Castro por sus continuos viajes a Madrid y Barcelona. Otros dos vocales, el conservador Manuel Almenar y la progresista Margarita Robles, votaron en contra por considerar que los otros tres miembros de la Comisión, por su proximidad al ministro de Justicia estaban poniendo trabas a Castro e intentaban zancadillear las investigaciones en cuanto estas pueden afectar al actual Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón y a sus colaboradores de Madrid 2016. Con la Comisión dividida, Castro deberá dar explicaciones por escrito de las diligencias que pretende practicar fuera de su jurisdicción y por qué razones.

Sin embargo, también hay quien sostiene que Castro y Horrach llevan meses capitaneando una cruzada contra el PP y que las pesquisas que ahora se llevan a cabo nada tienen que ver con el caso Palma Arena, por el que se investigaba el presunto enriquecimiento ilícito de Jaume Matas o el desvío de dinero público para financiar al PP balear. Se empezó buscando algo que no se ha encontrado (la fortuna de Matas) y se ha terminado cuestionando la legalidad de los informes que Madrid 2016 encargó al yerno del Rey quien, no lo olvidemos, fue miembro del Comité Olímpico Internacional desde marzo de 2001; y entre febrero de 2004 y octubre de 2005 ocupó el cargo de vicepresidente primero del COI.

Quizás sea verdad que el magistrado José Castro, como denuncian tantos abogados, se está extralimitando en la instrucción de este interminable proceso, porque las causas generales están proscritas de nuestro sistema legal. Pero también tiene quién el apoya. Ayer mismo el abogado José Luis Mazón en representación del partido político Soberanía de la Democracia presentó una denuncia ante el pleno del CGPJ contra los tres miembros que votaron a favor de pedir a Castro que justifique la razón de sus desplazamientos.

Según informa elconfidencial.com, la denuncia acusa a los vocales Dorado, Lastra y al propio presidente del CGPJ Gonzalo Moliner de “uso de influencias para favorecer al actual Ministro de Justicia” y pide que se abra una investigación y se ordene incoar expediente disciplinario a “los adoptantes del acuerdo de intromisión en la independencia judicial, con suspensión cautelar de funciones”.

Según informaciones que publica hoy El Mundo, José Castro ha remitido al CGPJ un informe de cuatro folios explicando detalladamente el motivo por el que solicitó comisiones de servicio para Barcelona y Madrid durante la pasada semana y la actual. El magistrado instructor del caso Palma Arena explica que en Madrid interrogó a siete testigos y tres imputados, mientras que en Barcelona llevó a cabo “determinadas diligencias” secretas que no detalla. Fundamenta en la citación para mañana de uno de los principales acusados, Diego Torres, para interrogar previamente a las personas en Madrid vinculadas a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social. Castro también alude a la complejidad del caso Nóos, con 150.000 folios, y apunta a que muchas preguntas surgen a raíz de las respuestas de los interrogados, por lo que es preferible hacerlas en persona antes que recurrir al auxilio judicial, esto es enviar las preguntas a los jueces de otras localidades para que sean ellos quienes formulen las preguntas. Castro también se escuda en la insularidad y en el coste de los gastos para sufragar los desplazamientos en caso de citar a la gente que ha de ser interrogada en Palma.