Cardona entrega su pasaporte

El exconseller de Comercio, Industria y Energía, Josep Juan Cardona, ha entregado este martes su pasaporte a la Audiencia de Palma, que había acordado retirarle el documento y prohibirle salir de España como medida cautelar para evitar su fuga, tras el juicio del caso Scala en el que es el principal acusado.

Fuentes jurídicas han informado a Efe de que Cardona ha entregado el documento, en cumplimiento del auto en el que la Sección Primera de la Audiencia de Palma acordó también obligarle a comparecer todos los días 1 de cada mes en un puesto de la Guardia Civil acordado, así cuantas veces fuese llamado por este el tribunal u otro órgano judicial.

Cardona es el principal acusado del caso Scala, que quedó visto para sentencia el pasado día 9 y en el que se enfrenta a una petición de 21 años de cárcel.

La Fiscalía Anticorrupción pidió tras el juicio que se aplicaran medidas cautelares en su contra porque entiende que la pena solicitada es grave, hay indicios suficientes en su contra, no tiene ninguna medida cautelar en vigor y existe riesgo de fuga porque dispone de los recursos económicos suficientes.

La defensa de Cardona no se opuso a la retirada del pasaporte ni a la prohibición de salir de España sin autorización previa de la Audiencia, pero sí a la comparecencia diaria que pidió la Fiscalía y que el tribunal cambió por una al mes.

Al final del juicio el exconseller no hizo uso de su turno final de palabra en el juicio, pero al abandonar la Audiencia declaró: "Si no me he ido hasta ahora, no me iré".

En el caso Scala se juzgó a diecisiete acusados por el expolio de más de 11,5 millones de euros de las arcas públicas baleares durante la legislatura 2003-07, a través del Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB).

De los diecisiete imputados, quince aceptaron las penas mediante conformidades que suponen la aplicación de atenuantes de confesión y reparación del daño.

La petición definitiva de penas de cárcel por parte de la Fiscalía y la comunidad autónoma es de 51 años y 9 meses entre todos, de manera que los cinco principales acusados afrontan condenas que implicarían su ingreso en prisión (por penas de más de 2 años).

Las multas reclamadas ascienden en total a 9,38 millones de euros. La responsabilidad civil solicitada se incrementó de 8,27 millones a 11,5 millones de euros y 1 millón de dólares porque contempla las cantidades íntegras de fondos públicos defraudados, a las que habrá que añadir los intereses legales que impliquen.

El exconseller Cardona afronta una petición de 21 años de cárcel, multa de 7,5 millones de euros y una responsabilidad civil de 1,2 por siete delitos: asociación ilícita, malversación de caudales públicos, delitos continuados de cohecho, prevaricación, falsedad documental por funcionario y en documento mercantil y fraude a la administración.