Bernat Bauçà niega que él o UM se beneficiaran de una subvención

A pesar que los investigadores apuntan a que únicamente han sido justificados 148.000 euros de los 500.000 que recibió el consistorio de Porreres para la realización de un proyecto de artes escénicas en el Auditorio de la localidad, el alcalde de Porreres Bernat Bauçà (Convergència per les Illes), ha negado ante la jueza instructora del caso Voltor que ni él ni Unió Mallorquina (UM) tuvieran beneficio "ni directa ni indirectamente" del dinero que entre 2008 y 2009 recibió el Consistorio por parte del Instituto de Estrategia Turística del Govern de les Illes Balears (Inestur) para el proyecto de artes escénicas. "Gano 600 euros como alcalde, no vivo de esto y soy muy escrupuloso con el dinero del Ayuntamiento", ha afirmado

Bauçà ha comparecido esta mañana como imputado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 10, Carmen Abrines, tras ser advertido de que únicamente han sido justificados 91.000 euros por la realización de obras en el Auditorio de Porreres y unos 57.000 en concepto de artes escénicas. En este contexto, el primer edil ha asegurado que comprobó tanto los antecedentes como el objetivo del convenio rubricado en 2008, y que las obligaciones que en él figuraban "se han cumplido escrupulosamente".

Por su parte, el exgerente del Inestur, Antoni Oliver, también imputado en la causa, ha manifestado que únicamente lo firmó el convenio "tras haber pasado todo el proceso administrativo" y que "En ningún momento me informaron desde los servicios administrativos que siendo un convenio se tuvieran que aportar facturas y tampoco me informaron que fuese irregular”.

Los investigadores mantienen que, para los 500.000 euros, el Auditorio aportó facturas fechadas en los años 2006, 2007 y los primeros meses de 2008, y por tanto anteriores a la firma del convenio. Es más, otras facturas incluían conceptos ajenos al concepto del acuerdo, la mayoría de los cuales correspondían a obras que supuestamente se llevaron a cabo en el Auditorio. Asimismo, como justificación de los gastos se presentaron fotocopias de facturas no cotejadas ni compulsadas, mientras que, según la Fiscalía, no hay constancia de que las facturas hayan sido pagas por la Fundación Auditorio de Porreres.