El volcado de la documentación incautada por la policía judicial en dos empresas de Madrid vinculadas a Ana Torroja, Sony Music Entertaiment y RLM SA, el pasado mes de octubre, ha confirmado los indicios de que la ex cantante del grupo Mecano pudo haber cometido un supuesto delito fiscal, según las sospechas que manejan los investigadores de la ‘operación Relámpago’ en el Juzgado de Instrucción 7 de Palma. La artista está encausada por un presunto delito de fraude fiscal por haber eludido el pago de 655.000 euros, a través de su empresa Carlito's way. El análisis de los datos fiscales de la artista coinciden con el resultado de las pesquisas realizadas en la capital balear por el juez Antoni Garcías, los fiscales de Anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau, la Guardia Civil e inspectores de la Agencia Tributaria. Un informe detallado sobre esas supuestas irregularidades financieras en las cuentas de Ana Torroja será aportado por Hacienda a la causa en las próximas semanas, según pudo saber este digital. La artista habría empleado un complicado entramado societario en España, Holanda y paraísos fiscales para eludir el pago de impuestos a Hacienda, señala el sumario abierto en Instrucción 7. En la misma pieza separada aparece encausado Gabriel Feliu, antiguo abogado de la cantante en Mallorca. Feliu ya ha sido condenado por delito fiscal en otra pieza separada, pendiente de recurso. Ana Torroja pidió a la Audiencia de Palma en su recurso la nulidad de todo el sumario del ‘caso Relámpago’, al entender que se habían producido vulneraciones de derechos constitucionales en los primeros pasos de las pesquisas judiciales. La Audiencia desestimó su recurso y mantuvo la imputación de la ex vocalista de Mecano.
