Sin vetos a que se investigue la explotación sexual de menores tutelados

El Parlament balear se pronunciará este martes sobre la creación de una comisión que investigue los casos de explotación sexual de menores tutelados. Es más que probable que el voto monolítico de los partidos que conforman el Pacte impida la creación de esta comisión, lo que limitará el esclarecimiento de uno de los asuntos más graves ocurridos en la comunidad durante los últimos años, especialmente por afectar a menores que se encuentran en una clara situación de vulnerabilidad y que en el momento de ser explotados estaban bajo la tutela de instituciones públicas.

El tema se encuentra bajo investigación judicial -como ocurre siempre que hay denuncias- pero, en el terreno político, es muy probable que se vea solventado con la comisión de expertos que creará el Consell de Mallorca, lo que se antoja escaso dada la magnitud de un escándalo que ha traspasado los límites de la comunidad, llegando al mismo Congreso de los Diputados. Més per Mallorca amagó forzando un redactado que deja abierta la posibilidad de que ante la comisión del Consell, además de los citados expertos, puedan acudir cargos públicos. Poco hace pensar, sin embargo, que el desarrollo final sea diferente al ideado por las cúpulas del Govern y el Consell, que siempre han salido indemnes en esta crisis y que parecen satisfechas con que la presión política del asunto recaiga casi exclusivamente sobre la consellera de Afers Socials, Fina Santiago, o sobre el conseller insular responsable del IMAS, Javier de Juan.

La investigación debería plantearse de forma amplia en el seno del Parlament, sin temor a que se conozca la verdad de unos asuntos que, por otra parte, podrían remontarse a épocas pasadas. De no investigarse no se sabrá y se estará impidiendo conocer la realidad de los hechos y el alcance de sus responsabilidades. Partidos que han hecho bandera de la transparencia como norma básica de la gestión de gobierno no pueden rendirla ahora para proteger no se sabe bien qué información ni qué hechos. El mensaje del vicepresidente Iglesias sobre este asunto, pidiendo que "caiga quien tenga que caer", no debería verse adulterado al llegar a las islas.

La explotación sexual de menores tutelados es un asunto de extrema gravedad que, aunque sólo sea para que no se repita, no puede ser objeto de un carpetazo rápido por parte de aquellos que tienen la responsabilidad de gobierno y que, con esa actitud -o cuando señalan que es cuestión de más medios policiales-, parecen anteponer el mantenimiento de su propia posición al esclarecimiento de los hechos sobre la base de excusas poco convincentes.