Sin reparación no hay justicia ni reconciliación

Ayer, 18 de julio, se cumplieron 80 años de la sublevación militar que condujo a la guerra civil, a la derrota del gobierno legítimo de la Segunda República y a la instauración del ilegal y criminal régimen franquista.

Entre el 19 y el 21 de julio de 1936 el hermano de mi abuelo materno fue ejecutado sumariamente por alguna de las bandas de asesinos falangistas que ya estaban prestas a actuar de antemano, en algún camino o carretera de las tierras que lindan entre Valladolid y Zamora, en las comarcas de Montes Torozos y Alfoz de Toro. Nunca se ha sabido donde están sus restos.

Mi propio abuelo materno tuvo algo más de suerte y se libró, por los pelos, del tiro en la nuca. Acabó dando con sus huesos en el penal de Burgos, de donde no salió hasta 1942. Dos de mis tíos paternos también padecieron prisión en el mismo penal.

Todos ellos habían cometido el mismo delito, eran republicanos y simpatizantes socialistas. Al acabar la guerra ambas familias tuvieron que exiliarse de sus propias casas, que además les habían sido expropiadas, es decir, robadas, y unos desde Valladolid capital y otros desde Tiedra se fueron a Barcelona, donde se establecieron y encontraron un país de acogida donde continuar su vida y donde mis padres se conocieron y fundaron su propia familia.

La dictadura criminal del general Franco duró cuarenta años. En los años inmediatos posteriores a la guerra la represión fue brutal, con centenares de miles de juicios sumarísimos, ejecuciones y largas condenas de prisión en condiciones infames, penas de destierro y exilio interior, expropiaciones de bienes, humillaciones y ensañamiento.

Las víctimas supervivientes y sus familiares tuvieron que hacer de tripas corazón y resignarse a soportar en silencio las vejaciones y la aflicción de desconocer el paradero de los restos de sus seres queridos o, caso de saberlo, no poder recuperarlos de las fosas donde se hallasen.

Cuando cuarenta años después muere el criminal dictador, renace la esperanza de un cambio que instaure la democracia y liquide el franquismo. Pero eso no se produce, sino que sobreviene la denominada “Transición”, en la se corona como jefe de estado al rey designado por Franco como su sucesor y se procede a “transitar” del régimen franquista a un sistema formalmente democrático multipartidista, mediante la que se denominó “Ley para la Reforma Política” y que se publicitó a bombo y platillo como el paso “de la legalidad a la legalidad”, olvidando deliberadamente que toda la legalidad franquista era ilegal, puesto que se trataba de un régimen ilegítimo.

La transición fue una operación de autoamnistía del franquismo consentida por los partidos políticos democráticos, sobre todo el PSOE. Las consecuencias han sido devastadoras, puesto que no se producido la necesaria reparación a las víctimas y el postfranquismo sigue vigente y gobernando a través del Partido Popular. No se han declarado nulos los juicios y sentencias de los tribunales de la dictadura, no se han investigado sus crímenes, se pone todo tipo de trabas a la localización y excavación de fosas e identificación de los restos a fin de devolverlos a sus familiares y se promueve desde las plataformas mediáticas la idea de que la “transición” lo solucionó todo y que pretender una justa reparación de los daños causados es revanchismo, con lo que se continúa humillando a las víctimas.
Especialmente vergonzoso viene siendo el papel del PSOE, sobre todo el de los gobiernos de Felipe González, que disponiendo de mayorías absolutas podría haber procedido a resolver esta injusticia histórica y no lo hizo. Incluso ha sido reticente a muchas iniciativas parlamentarias y populares para resarcir moralmente a las víctimas. Tal parece que sufra una especie de síndrome de Estocolmo, secuestrado por la doctrina postfranquista de sepultar en el olvido los crímenes y desmanes de la dictadura, en aras de la convivencia y reconciliación.

Pero no puede haber una auténtica convivencia y reconciliación mientras no se haga una declaración solemne desde todas las altas instancias del Estado de que la sublevación militar fue un acto ilegal y, por tanto, el régimen subsiguiente fue ilegítimo, mientras no se anulen por ilegales y criminales todas las sentencias de los juicios políticos franquistas y, consecuentemente, se rehabilite la honorabilidad de todos los ejecutados, condenados y represaliados y mientras no se investigue la localización de todas las fosas comunes que se puedan detectar y se proceda, hasta donde sea posible, a la identificación de los restos a fin de devolverlos a sus familias y mientras no se liquide la totalidad de símbolos franquistas, incluyendo nombres de plazas y calles, que aun subsisten por toda la geografía española.

No se trata de revanchismo sino de la reparación moral a la que tienen derecho todas las víctimas de crímenes. No se trata de reabrir heridas sino de cerrar las que nunca han cicatrizado. Sin la necesaria reparación a las víctimas no se reinstaura la justicia, los muertos no descansan en paz, los familiares no pueden encontrar el consuelo que necesitan para mitigar su dolor y no se dan las condiciones para la deseable reconciliación.