La pasada semana, el conseller de movilidad e infraestructuras del Consell de Mallorca, Iván Sevillano (UP), anunciaba la próxima inauguración de la rotonda de Camp de Mar y el inicio próximamente de la homónima de Costitx, en el eje Inca-Manacor.
Sevillano, con relación a esta ya vieja reivindicación de la los costitxers, señalaba que en los últimos diez años se habían producido una docena de accidentes graves, varios de ellos con fallecidos. Lo que obviaba señalar el conseller podemita es que, de esos diez años, el Pacte había gobernado siete, porque ese dato le dejaba en pelota picada ante cualquier análisis mínimamente riguroso.
Estamos hablando de una jodida rotonda, no de la autopista panamericana. Hace más de veinte años que ese punto negro ocasiona -como el de Camp de Mar y otros muchos de la Isla- un goteo incesante de desgracias y, sin embargo, a Sevillano le parece aceptable que el ‘gobierno de la gente’, en su versión Consell de Mallorca, haya tardado siete años en comenzar las obras, mientras todo el mundo sabía cuál era la solución técnica para evitar los accidentes y lo único que faltaba era que los políticos se decidieran a licitar las obras.
La responsabilidad no es solo de Sevillano, claro, pues su predecesora, la socialista Mercedes Garrido, agotó la legislatura sin hacer absolutamente nada al respecto. Cuatro años lamentándose de las desgracias de los vecinos de Costitx y de brazos cruzados, nada menos. Luego vinieron las licitaciones por debajo del precio de coste, que acabaron de retrasar unas obras inaplazables.
El problema de Sevillano, de Garrido y de muchos otros políticos de la progresía es que la ideología figura antes que la gestión en su lista de preferencias. Al contrario de lo que sucede con la mayor parte de los alcaldes de cualesquiera colores -Palma es, como siempre, la triste excepción- los responsables del Pacte prefieren imponernos medidas de (in)movilidad cargadas de ideología para tratar de domesticar al respetable y hacer experimentos de ingeniería social, antes que servir a los intereses y a la seguridad de los ciudadanos, solucionando problemas reales, no imaginarios. Y eso ocurre incluso cuando esta lista de preferencias acaba produciendo heridos con graves secuelas y hasta personas fallecidas. La pasividad de los políticos ante determinados problemas puede acabar costando un precio tan alto como el de algunas vidas humanas, así de sencillo.