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Será por edificios

Por Francesca Jaume
lunes 05 de marzo de 2018, 02:00h

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En la semana que nos ha precedido ha sido noticia la petición al Ministerio de Defensa por parte del alcalde de Palma Antoni Noguera de devolución de la casa del exalcalde Emili Darder Cànaves que le fue confiscada cuando fue apresado para ser ejecutado. Noguera reclama el edificio situado en las Avenidas para uso municipal. Por otra parte, y en una entrevista concedida a mallorcadiario.com, el gerente y futuro propietario del Auditorium ofrecía este emblemático edificio del Passeig Marítim como sede de la Orquestra Simfònica de Balears (OSB).

Más allá de que la petición de Noguera podría parecer un tanto improcedente puesto que la casa del alcalde republicano (1933-1936) era suya y no de Cort -y que en todo caso el Estado la tendría que devolver a sus herederos y no donarla al ayuntamiento- estas manifestaciones no hacen más que volver a sacar a relucir el debate sobre el gran número de infraestructuras desaprovechadas con las que cuenta la capital de nuestra Comunidad Autónoma.

El Cuartel de la Guardia Civil de la carretera de Valldemossa y en la avenida Gabriel Alomar Villalonga, la antigua prisión, el que fuera edificio de Obras Públicas de las Avenidas, GESA y Son Dureta son algunas de las infraestructuras públicas que nos vienen enseguida a la cabeza cuando intentamos hacer un listado de espacios desaprovechados y abandonados al efecto del paso del tiempo. De ellos, sólo tenemos noticia de la rehabilitación del antiguo complejo sanitario.

Por contra, tenemos consellerías del Govern cuyas dependencias están desperdigadas por todo Palma suponiendo ello una gran dificultad para el administrado para saber a qué dirección acudir cuando se trata de resolver alguna cuestión. Pongo un ejemplo: la consellería que ahora dirige Bel Busquets se encuentra disgregada en Can Montenegro, en el Parc Bit (edificios Naorte, Adduno, ATB y C/ Laura Bassi), en Palau Reial 15 y 17, en calle Sant Pere 7… un total de ocho espacios aún a riesgo de haberme dejado alguno. Muchos de estos edificios que acabo de nombrar no son de titularidad pública, lo que supone que el Govern tiene que afrontar el pago de sus alquileres.

Resulta difícil de entender para el ciudadanito de a pie, que pierde una mañana entera peregrinando de edificio en edificio hasta que encuentra el que le corresponde por materia, que las consellerías estén disgregadas por toda Palma y en régimen de alquiler cuando existen edificios abandonados que podrían acoger consellerías enteras. Las explicaciones que puedan darse desde el punto de vista jurídico-administrativo -por la dificultad de cesión de un organismo a un otro-, y desde el aspecto económico, -por la gravosidad de afrontar una rehabilitación- no resultan del todo satisfactorias para quien percibe no sólo que la disgregación de sedes es un “marear la perdiz”, sino también que supone una malgasto de los dineros públicos.

Llevamos muchos años así, y distintos colores han pasado por todas las sedes gubernamentales.

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