El caso exámenes concluye con la absolución de los principales acusados

Según el fallo, adelantado por el gabinete del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, quedan absueltos el exintendente Antoni Vera, el excomisario Rafael Estarellas y los agentes Tomás Mas y Sebastià Adrover, aspirantes a las oposiciones.

Todos ellos habían sido señalados por la Fiscalía como supuestos beneficiarios de una filtración de preguntas, por lo que les acusaba de revelación de secretos, prevaricación y omisión de perseguir delitos. El juicio arrancó el pasado 21 de febrero con la petición de las defensas de los acusados de declarar nulo el juicio ante la "falta de imparcialidad" del exfiscal Anticorrupción Ángel Subirán.

En cambio, el Tribunal entiende que hay prueba suficiente para condenar a Enrique Calvo por un delito de revelación de secretos, si bien aprecia el atenuante de dilación indebida. Así, se le impone una multa de 13.500 euros y una inhabilitación de nueve meses para empleo o cargo público.

Le absuelve en cualquier caso del delito de prevaricación continuada por el que se le había acusado, al considerar que los hechos probados no tienen encaje jurídico en el delito de prevaricación.

Se da la circunstancia de que una de las magistradas del tribunal ha emitido un voto particular ya que considera que también Calvo debería ser absuelto por falta de pruebas.

ENVIÓ LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS

La sentencia considera acreditado que Calvo "envió las preguntas y respuestas del examen de las oposiciones", "aunque no pueda constatarse una implicación directa de éste en la obtención" de las mismas.

Para el Tribunal, basta entender que las tenía por "razón de su función o cargo, lo que necesariamente concurre atendiendo a que era el director general de Seguridad, había participado en los trámites previos y no concurre explicación alternativa respecto a que hubiera podido acceder a ellas de manera independiente a la posición que ostentaba".

Las preguntas se enviaron desde un correo con dominio Gmail de Enrique Calvo al de un policía interino, Daniel Montesinos, que después las remitió a los dos aspirantes a las oposiciones. El agente interino levantó acta notarial haciendo constar ese envío y el documento acabó en poder de la Guardia Civil.