Semanario

Resulta difícil sustraerse a comentar y opinar acerca de algunos hechos, acontecidos esta semana, que TVE se explaya en reflejar en la pantalla, mientras silencia otros similares, sino idénticos. Y uno de ellos lo hallamos en la serie de manifestaciones en contra de la sentencia de la A.P. de Navarra, por la cual se condena a cinco acusados por un delito de acoso sexual y no por violación. A decir verdad, nada más lejos de justificar, ni mínimamente, unos hechos que son absolutamente despreciables para todo ser humano. Que cinco indeseables, auto titulados “manada”, ya es indicativo de su catadura moral. Ahora bien, escuchadas y leídas opiniones más instruidas sobre el fondo de los hechos probados, lo que no resulta justificable es que las redes sociales, las calles, las plazas y las fachadas de multitud de ciudades se hayan convertido en escenario de una conducta insensata, repleta de irresponsabilidad, virulencia y una imperdonable ceguera colectiva, azuzado todo ellos por representantes de plataformas, organizaciones o colectivos que nos aproximan con sus opiniones a la ley de la selva. En ella nos encontraríamos si diésemos por bueno que “la sentencia de la manada no recoge lo que sí ha hecho el veredicto social”, perla surgida de las entrañas del socialismo valenciano. Es la consigna que aletea entre los miles de manifestantes que sin haber leído la sentencia, sin haber visto las tapas del C. Penal — obra del ministro socialista Belloch, en vigor desde mayo del 96 — levantan voces y manos reclamando una sentencia de contenido distinto a la de la A. Provincial. Si se siguiese la senda marcada por quienes reclaman ese “veredicto social” — sumarísimo al estilo bolchevique — el Estado de Derecho derivaría en fracaso, la Justicia expulsada del foro judicial y la Ley promulgada normativamente sustituida por la Lynch. Por descontado trolas como la presunción de inocencia, el derecho a la tutela judicial o a la asistencia letrada sería absolutamente innecesario; los jueces no harían sino aplicar la sentencia dictada por el pueblo a gritos y revueltas.

Y mientras miles de personas solicitan mayor dureza contra la “manada” y casi la guillotina para los jueces, previo potro para el osado que emitió voto particular de absolución, en Alicante y en Elche no hay “veredicto social” para ciudadanos argelinos que violaron a varias menores, reteniendo 24 horas a una de 14 años, abusando, violando y maltratándola. Ellos, la “manada argelina”, gozan de una prebenda, el silencio de medios, de plataformas, de colectivos. Y para mayor inri, va el Ministro y se echa encima a toda la judicatura. Otro crack.

Una segunda información ha llamado la atención; la derrota judicial de unos padres ingleses para lograr que su hijo, Alfie, pudiese vivir sus últimos días en su propio domicilio. Resulta incomprensible que la justicia británica, los médicos británicos, se hayan posicionado en contra de la libertad y deseos de los detentadores de la patria potestad, la guarda y custodia de Alfie, y hayan optado por el “best interest” del niño. O sea, su muerte. A pesar de la opinión del juez Sir John P. Hayden, perteneciente al BLAAGG — sin más comentarios adicionales — y de los doctores del centro Alder Hey Children,s, una vez desconectado Alfie todavía sobrevivió cinco días. Lo estimado incomprensible es el hecho de que, ese último capítulo en la vida de Alfie, no pudiese trascurrir en su domicilio, con su progenitores. Unos padres que han visto como no han podido decidir el que su hijo muriese en las circunstancias que deseaban. En otras palabras, el frio e impersonal “best interest” decretado por jueces y médicos ha primado sobre el amor y la ternura de los padres de Alfie. Me pregunto qué clase ternura es capaz de producir Sir John Paul en sus sentencias. Visto lo visto, poca, muy poca.

Y como colofón, ha salido un catalán pata negra de nombre Alfredo García Castillo, presumiendo de haberle regalado, en el Día del Libro, a su pareja, la melosa y vulgar Amaia, un libro de titulo españolísimo, producto del desprecio de otro Alfred, Pla en este caso. Aunque lo que no le da ningún repelús sea que, en esta España que odia, se da la suficiente libertad de expresión para que su estúpida cropología surja sin impedimento alguno. La España de mierda, le da asco, como al Rubianes, pero no se lo da el vivir dentro de su Estado de Derecho ni en su mundo de libertades. Es difícil entender como dos personajes surgidos a la fama — el diablo sabe merced a que artilugio o estrategia telefónica — junto con un, hasta ahora, desconocido escritor, se atrevan a seguir viviendo y hablando de España, cuando, obviamente, la odian. En este país somos tan libres que nuestras puertas no solamente sirven para entrar, sino también para salir. Claro que si sales, como la Anna Gabriel, y no tienes la pasta que te regala Madrid, tienes que pedir ya que, en Suiza, no hay ni asilo ni trabajo. Igual queda el remedio de irte a pasar unos años en la cárcel y, en ella, recibir esos 655 euros, con catorce pagas, que reclama en el Congreso Pablo Iglesias para toda la población reclusa de España. Y luego dirá que no compra votos.