Selva planta cara al Govern: no quiere parque fotovoltaico

El parque fotovoltaico Fenix Energy constituye una actuación de una colosal magnitud. Según el expediente del proyecto, la instalación ocupará un espacio de 74 hectáreas, situadas entre los municipios de Selva e Inca, y acogerá nada menos que 74.520 paneles solares, así como nueve centros de transformación, una subestación, un sistema de baterías de almacenamiento y un edificio de control, además de una línea de conexión situada bajo tierra de 4,3 kilómetros de extensión.

La ubicación del equipamiento conlleva la ocupación de la parcela número 1 del polígono 11, en Inca, y de la parcela 3 del polígono 7, en el término municipal de Selva. Concretamente, la superficie donde se ha previsto la actuación afecta a las fincas de Son Fuster y Son Vivot (54 hectáreas, como ya se ha dicho, entre las dos).

PROYECTO INDUSTRIAL DE INTERÉS ESTRATÉGICO

Esta intervención fue declarada, el pasado 16 de enero, proyecto industrial de interés estratégico por parte del Consell de Govern, a instancias de la dirección general de Energia i Canvi Climàtic. Esta figura legal tiene como principal objetivo la aceleración de los trámites para la creación de este tipo de infraestructuras, reduciendo considerablemente los plazos previstos.

Sin embargo, este acuerdo del Ejecutivo autonómico ha recibido el informe desfavorable del Ayuntamiento de Selva, rubricado por el alcalde, Joan Rotger, el pasado 24 de febrero.

En la resolución, el primer edil reclama al departamento que dirige Pep Malagrava que proceda a realizar las gestiones pertinentes para conseguir la anulación de la declaración concedida por el Govern, al entender que vulnera la normativa vigente sobre ejecución de proyectos industriales estratégicos en Baleares.

IMPACTO AMBIENTAL

En su escrito, Rotger alega que el estudio de impacto ambiental que acompaña al proyecto del parque fotovoltaico no contempla la inclusión de una parte de la finca de Son Fuster que, en realidad, es, según consta en el documento municipal, “la más extensa” de todas las que abarca esta intervención.

A pesar de que una parte de este “megaproyecto”, como así lo define el alcalde, está localizado en el municipio vecino de Inca, Rotger ha remarcado en su escrito que también las actuaciones planificadas en la capital de la comarca del Raiguer ejercen una influencia directa, tanto a nivel visual como también de impacto ambiental, en el conjunto del término de Selva.

De hecho, según refleja el alcalde en su resolución, si esta actuación sale adelante incidiría negativamente en un área paisajística situada en plena Serra de Tramuntana y, en concreto, en el entorno natural de las localidades de Selva, Moscari y Caimari, todas ellas pertenecientes al mismo término municipal. Cabe recordar, además, que, en 2011, la Serra fue declarada Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO, en la categoría de ‘paisaje cultural’.

EL "MEGAPROYECTO" DUPLICA LA EXTENSIÓN DEL SUELO URBANO DE SELVA

Igualmente, Joan Rotger afirma que la superficie prevista para acoger esta instalación, que se sitúa por encima de las 54 hectáreas, duplica la extensión del suelo urbano de Selva y se aproxima a la mitad de la superficie del núcleo de Inca.

Una de las quejas expresadas por el alcalde es que, en el escrito que la Corporación remitió en su momento a la dirección general de Energia i Canvi Climàtic, no se pretendió emitir en ningún caso un informe favorable a la actuación, pese a que así pareció entenderlo el Govern.

Muy al contrario, según Rotger, el documento incidía expresamente en las deficiencias que los técnicos del Ayuntamiento de Selva habían detectado en el proyecto Fénix Energy, entre las que cabe resaltar la afectación que crearía en una zona húmeda inundable y la falta de garantía en cuanto a la protección de caminos rurales.

EL GOB TAMBIÉN SE POSICIONA EN CONTRA

Al mismo tiempo, Joan Rotger lamenta en su resolución que el Govern ha mantenido absolutamente desinformado al Consistorio en cuanto al contenido del acuerdo sobre la declaración de Fénix Energy como proyecto industrial estratégico. De hecho, la Adminnistración municipal afirma no haber recibido ni siquiera una notificación oficial de la aprobación de este punto.

Paralelamente, también la entidad ecologista GOB ha alegado en contra del proyecto del parque fotovoltaico. La organización ha deplorado que “después de la avalancha de parques, mayoritariamente de no más de cuatro hectáreas, ya denunciados, y de la solicitud de moratoria en 2021, conjuntamente con otras entidades, empezamos a vislumbrar la nueva tendencia en relación a la construcción de parques fotovoltaicos en suelo rústico".

El GOB ha asegurado haber recabado los primeros testimonios de “payeses expulsados de las tierras en las que trabajaban a consecuencia de que los propietarios de estos terrenos prefieren alquilarlos para acoger una instalación de energías renovables”.

DESCONFIANZA

Al mismo tiempo, ha alertado de la “desconfianza” que despierta la proliferación de proyectos referidos a “parques de grandes dimensiones con informes agronómicos que plantean la posibilidad de garantizar la complementariedad o la compensación en relación a los usos agrarios".

Este escenario motiva que "el problema se agrave", según ha afirmado la asociación ecologista,"y no por una cuestión de afectaciones al paisaje, que también, sino, sobre todo, por un cambio de usos del suelo que incide en tierras fértiles y expulsa a los payeses en favor de usos industriales en suelo rústico, que es lo que representan los grandes parques fotovoltaicos".

MODIFICACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL INSULAR

Precisamente, una reciente asamblea del Observatori del Paisatge del Consell analizó un primer borrador del documento inicial de la modificación 4 del Plan territorial insular de Mallorca.

Esta modificación tiene como principal finalidad delimitar las zonas de desarrollo prioritario para la implantación de infraestructuras de producción de energía renovable, así como la regulación de la tipología, las dimensiones y otras características de las instalaciones aptas para cada zona, de acuerdo a las disposiciones de la Ley 10/2019 de 22 de febrero de cambio climático.

El GOB se queja de que “mientras todo esto está todavía en fase de debate y discusión, ya empiezan a aparecer estos nuevos modelos de inversión con el visto bueno de las instituciones implicadas", entre las que incluye al Govern y el Consell de Mallorca.

OTROS PROYECTOS

De hecho, el caso de Selva no es el único ejemplo de la progresiva tramitación de estos megaproyectos. Así ocurre en Consell, donde se ha previsto la construcción del parque fotovoltaico Shamsh 1 Energy, ubicado en el polígono 1 parcela 1 y con una capacidad de 49,99 MWp y 48,12 Mwn.

Otras actuaciones que abarcan una extensión superior a las cuatro hectáreas son las referidas a la agrupación fotovoltaica Son Frau (10.583 kW) y Son Nebot (5.337 kW), localizada en el polígono 6 parcela 151 de Marratxí; la agrupación fotovoltaica Llaüt (9.769,5 kW) y Falutx (9.769,5 kW) de Muro, y la agrupación fotovoltaica Goleta (11.193 kW) y Xalana (11.193 kW), en el polígono 2 parcela 363 de Santanyí.

También reúnen esta condición la agrupación fotovoltaica Son Cànaves I (10 Mwn) y Son Cànaves II (10 MWn), ubicados en el polígono 7 parcela 43 de Llucmajor; la agrupación fotovoltaica Cugulutx I (10 Mwn) y Cugulutx II (10 MWn), en el polígono 41 parcelas, 119, 120 y 129 de Llucmajor, y el proyecto del parque fotovoltaico Mallorca Hive, de 10 MWn, en wl polígono 37 parcela 220 de Palma.

ALARMA TERRITORIAL

Todos estas actuaciones han sido tramitadas por vía de declaración de proyecto industrial estratégico, tal y como determina la Ley 2/2020 de 15 de octubre de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica.

La entidad ecologista ha considerado que "hay que plantear esta cuestión como una alarma territorial que afecta e incide negativamente en los usos del suelo para usos agrarios y ganaderos".

Al GOB le preocupa especialmente la aceleración de estos proyectos por parte de las administraciones, así como la lentitud en la planificación territorial que tendría que condicionarla.

“Aún así, vía declaración de proyecto industrial estratégico, se desatienden las competencias en materia territorial y agraria", ha concluido el GOB.

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