El sector de la construcción alerta de que más de 50.000 familias de Baleares quedarán sin acceso a la vivienda

En este sentido, la entidad ha advertido de que la aplicación del decreto "significa dejar sin acceso a la vivienda a más de 50.000 familias de las islas en los próximos 10 años, y va en contra de un sector que proporciona trabajo de forma directa a 55.000 familias, y a otras 15.000 si se incluyen las empresas auxiliares".

Asimismo, la organización patronal vinculada a CAEB critica que el Govern "se ufane de estar promoviendo una normativa proteccionista cuando, en realidad, lo que hace es reducir la edificabilidad en suelo rústico, circunstancia que, en la práctica, supone que se podrá continuar con el consumo de territorio, pero con menores calidades".

El vaticinio del colectivo es que, a consecuencia de esta norma, "los profesionales del sector primario se van a empobrecer y a perder competitividad, y todo apunta a que el campo, al cual se pretende dignificar, acabe siendo abandonado de una forma mucho más abrumadora de la que ya viene experimentado en los últimos años".

NORMAS PROHIBICIONISTAS

Otra advertencia es que "la experiencia de este tipo de normas mal llamadas 'proteccionistas', y que se ajustan mejor a la definición de 'prohibicionistas', siempre han atraído la subida de precios del suelo y han fomentado la especulación que tanto se pretende combatir".

Con todo, CAEB ha hecho hincapié en el hecho de que el Govern convocó la Mesa de Vivienda "ocultando sus intenciones" respecto a este decreto ley que, según denuncia el sector, "se convalidará sin negociación ni diálogo, y sin buscar consensos, y, además, utilizando una vía de urgencia totalmente injustificada".

Por este motivo, la Comisión de Construcción de CAEB ha decidido suspender su asistencia a las reuniones de la Mesa de Vivienda que convoque el Govern mientras no rectifique su política de territorio y vivienda.

RECHAZO DEL GOVERN A LA INVERSIÓN PRIVADA DE 2.000 MILLONES DE EUROS

Paralelamente, los empresarios han lamentado que el Ejecutivo autonómico haya rechazado la propuesta del sector para movilizar 2.000 millones de euros de inversión privada "con el objetivo de reactivar la economía de Baleares, generando más de 20.000 puestos de trabajo y dando solución a corto plazo al problema de emergencia social provocada por la falta de vivienda digna y asequible que padecen los ciudadanos de las islas".

Al respecto, la Comisión de Construcción ha defendido que se trataba de una propuesta mediante la cual las empresas del sector ofrecían su compromiso para atraer la inversión privada hacia proyectos de construcción de vivienda a precios que oscilaban entre los 150.000 y los 250.000 euros. Este planteamiento se basa, según la entidad patronal, en la promoción de "suelo calificado como urbanizable y con criterios de sostenibilidad, de economía circular y de mejora del entorno para que Baleares sea ejemplo de respeto y mejora del medio ambiente".

SOS CONSTRUCCIÓN

Por otra parte, diversas empresas y profesionales del sector, de una forma autónoma, han lanzado la campaña 'SOS Construcción' para reivindicar su papel en la reactivación económica. El eje central de esta campaña es un video que tiene como finalidad dar a conocer la realidad de los profesionales y empresas que forman parte del sector en las islas, y su contribución a la riqueza de Baleares.

En concreto, según los datos que han aportado, la construcción representa el 6 por ciento del PIB en la comunidad autónoma, y 16.500 empresas dependen de manera directa e indirecta de la actividad de construcción. Al mismo tiempo, 100.000 profesionales están vinculados al sector. Al respecto, el colectivo reclama "apoyo de las administraciones públicas y no trabas" para desarrollar su trabajo, indicando que las licencias de obra en Mallorca tardan de media unos 18 meses antes de que tenga lugar la concesión.

Otro dato relevante es que en municipios como Palma, antes del confinamiento, existían 900 expedientes de obra paralizados. En el conjunto de la isla, la cifra supera los 3.000.