No se puede negociar la democracia

Desde algunos sectores, incluso algunos con buena intención, se incide en que la solución para el desafío separatista catalán es la negociación, el diálogo y el pacto. Hermosas palabras que deberían presidir, a menudo, la acción política en España. Si bien, para la cuestión independentista estas palabras no sirven, por el mero hecho de que los nacionalistas no siguen las reglas del juego democrático plasmadas en nuestra legalidad, en nuestra Constitución. ¿Cómo se negocia vulnerar la ley?

Las democracias occidentales negocian, pactan y dialogan sobre asuntos que no se encuentran al margen de la ley. Pero negociar y pactar la aniquilación de una Constitución sólo sucede en los regímenes que quieren acabar con el Estado sin consultar a la nación, esto es, a los ciudadanos que la componen y de los que emanan todos los poderes del Estado. Lo que significa, de hecho acabar con la democracia.

Es lógico que quien durante más de dos años no ha sabido o no ha querido impedir la comisión de una ilegalidad tan largamente anunciada y flagrante busque ahora consuelo distorsionando la realidad de lo que ha pasado.

Como también es lógico que los independentistas no quieran plantear las reformas constitucionales permitidas por la propia Constitución del 78, que les permitan realizar sus propuestas. Porque son minoría. Minoría con un fuerte componente dictatorial y totalitario. Tergiversan, engañan y manipulan, burdamente, para dar apariencia democrática a lo que es un ataque a la misma. Así ha sucedido con el monumental fraude de ley perpetrado el 9N. Un denominado "proceso participativo" con el mismo fin que el “referéndum”, y que el Tribunal Constitucional, por dos veces, dijo que no podía celebrarse.

Lo determinante en este asunto no es la participación ni el sentido del voto de los que han participado, que tampoco sabemos cuántos han sido; lo determinante es que ni los tribunales ni la Constitución han impedido su celebración. Por la dejación de responsabilidades de un Gobierno central que se ha negado a inhabilitar, o a dejar de financiar privilegiadamente a unos gobernantes autonómicos en abierta y anunciada rebeldía contra nuestra democracia constitucional.

Negar la quiebra que ha sufrido el Estado de Derecho el 9N es tanto como negar la ilegalidad de la desobediencia nacionalista a los tribunales, por ejemplo, en materia lingüística, ante la voluntaria ceguera de Rajoy.

¿Tenemos que negociar, pactar y dialogar sobre la quiebra de la democracia? ¿Vamos a acabar con el sistema constitucional que más paz y prosperidad nos ha proporcionado para que una parte de la población de un determinado territorio vea colmadas sus pretensiones rupturistas? ¿Vamos a permitir que una parte decida por el todo y que nosotros no podamos votar al respecto? ¿En serio? ¿O intentamos buscar la concordia y la convivencia cambiando el mensaje que dirigimos a los ciudadanos de Cataluña y del resto de España para que vean que tenemos un futuro mejor juntos?