La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) se creó en 2012 con el objetivo de sanear el sistema bancario, restaurar el crédito y reactivar el mercado inmobiliario mediante la gestión de miles de activos transferidos por entidades bancarias que entraron en proceso de reestructuración o fueron directamente nacionalizadas. La crisis de 2008 hizo estragos y la Sareb -conocida desde su inicio como "el banco malo"- se convirtió en un instrumento para ayudar a desinvertir los activos heredados intentando lograr la máxima rentabilidad. Entre sus inversores se encuentra el grueso de la banca española y el Frob -de carácter público-, que además tiene el 45 por ciento del capital de la sociedad.
Una parte considerable de los activos inmobiliarios llegados a la Sareb fueron considerados como "activos tóxicos" que acumulaban préstamos de difícil cobro o directamente sin garantías hipotecarias. La situación no ha sido fácil a lo largo de estos años, pero la extrema exigencia de obtener la máxima rentabilidad ha llevado, en ocasiones, a provocar serios perjuicios a particulares que, en su día, se vieron obligados a aceptar cláusulas leoninas que, llegada la crisis, les dejaron totalmente desamparados.
El último de estos casos es el protagonizado por un grupo de comerciantes de Manacor a quienes la Sareb reclama ahora el pago de 180.000 en concepto de intereses de demora por una deuda saldada en 2020, ya que el "banco malo" les exige por vía judicial el cobro de unos intereses al 29 por ciento, más los intereses generados desde entonces.
La historia se remonta al 2008, cuando en plena crisis, un grupo de empresas de Manacor refinanciaron una deuda anterior que ascendía a 240.000 euros. Se hizo mediante un préstamo con garantía hipotecaria de un inmueble y la operación la avalaron cuatro personas físicas. La refinanciación se hizo a través del Banco de Valencia, que posteriormente fue absorbido por la Sareb. En 2019, la Sareb ejecutó la operación por impago y en julio de 2020, ya en plena pandemia, los clientes pagaron el principal de la deuda: 217.126 euros.
Los afectados, que se enfrentan a un juicio iniciado este miércoles, han intentado negociar una rebaja, pero la Sareb -impasible con su objetivo de lograr la máxima rentabilidad- no atiende sus argumentos. La ley, presumiblemente, dará la razón a la Sareb, ya que lo reclamado se ajusta a lo pactado hace trece años, sin tener en cuenta que el acuerdo se hizo mucho antes de que una nueva crisis -la actual- azotase a empresas y trabajadores.
Ni sensibilidad ni empatía hacia los perjudicados se desprenden de la actuación de la Sareb, lo que lleva a pensar si su actuación es acorde con la proclamada por el propio Estado, que en plena crisis concede préstamos ICO a las empresas en apuros mientras la Sareb reclama intereses que, a día de hoy, sin ningún género de duda, serían calificados de abusivos.
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