La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Antoni ha dado luz verde a la propuesta de demolición de las obras ilegales del conocido "chalet patera", reformado para albergar unas cincuenta habitaciones que alquilaban a un centenar de personas. La propuesta de demolición del departamento de Urbanismo ha ordenado al propietario de un chalet situado en la calle General Gotarredona "devolver la legalidad urbanística" a la vivienda, mediante el derribo de las obras realizadas sin autorización, ha señalado hoy el consistorio.
El objetivo es impedir "los usos a los que dichas reformas han dado lugar", y que llevan en actividad al menos desde 2015, de acuerdo a una denuncia de la Guardia Civil que dio lugar a la apertura de un expediente por parte del Consell de Ibiza.
El incumplimiento del derribo supondría la imposición de hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes, y por una cuantía, en cada ocasión, del 10 por ciento del valor de las obras realizadas, que asciende 1.051.213 euros.
En caso de que el propietario incumpla el plazo voluntario que se establezca para ejecutar la demolición, el Ayuntamiento ha informado de que podrá acometerla de forma subsidiaria.
