El desconcierto se ha instalado en los municipios turísticos de Mallorca que el pasado mes de enero sufrieron múltiples desperfectos en sus playas y paseos tras el paso de la tormenta Gloria. Los daños fueron comprobados in situ por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien -acompañado por Francina Armengol- visitó la zona días después y anunció medidas urgentes para devolver la normalidad a la zona lo antes posible.
Un mes después de la foto de Sánchez junto a los paseos marítimos destrozados y a poco más de un mes de la Semana Santa -y del inicio de la temporada turística- la situación no sólo no ha mejorado, sino que tiene visos de enquistarse sin dar solución a los múltiples daños sufridos. Así lo pudieron comprobar este martes representantes de 31 municipios mallorquines en su reunión con la delegada del Gobierno, Aina Calvo. Localidades como Capdepera, Santanyí, Manacor, Sant Llorenç... reclamaron soluciones y ayudas para reconstruir todo lo destruido por la tormenta y afrontar la temporada con garantías; una demanda a la que Calvo respondió que habrá que estudiar cada caso, sin más compromisos.
La intención del Gobierno es costear las obras si los municipios acceden a retranquear los paseos marítimos -argumenta el cambio climático como elemento a tener en cuenta en las obras próximas al litoral- o que las paguen los municipios una vez que los paseos hayan pasado a ser de titularidad municipal. Ninguna de las dos opciones, por las tramitaciones que conllevan, llegaría a tiempo de dejar las zonas afectadas en condiciones de recibir turistas en poco más de un mes.
Ahora, los consistorios han promovido de urgencia el envío de una carta al presidente Sánchez en la que piden la declaración de emergencia y, en consecuencia, que no haya que emitir informes de evaluación ambiental o que no se aplique la ley de contratos del Estado para que las obras puedan encargarse lo más rápidamente posible.
La situación es cada vez más desesperada y la escena de playas sin arena o paseos marítimos destrozados e intransitables en plena temporada y en zonas de gran afluencia de turistas es una posibilidad cada vez más probable. La administración competente debe responder a las demandas de los ayuntamientos afectados -de todos los colores políticos- y garantizar, con el mismo espíritu con el que Sánchez acudió a visitar la zona devastada, que la actividad turística habitual en estas zonas tiene una continuidad. No es sólo una cuestión de dinero -que también- sino de cumplir con la promesa dada y, sobre todo, dar respuesta a las necesidades de la principal actividad económica de los municipios afectados.