Sacrificio de libertades

La brutal represión de la policía contra agricultores que se manifestaban en Don Benito por unos precios dignos para sus productos, ha causado una ola generalizada de indignación, considerándose, con toda la razón, como una actuación desmedida y exagerada contra unos ciudadanos que se manifestaban pacíficamente en defensa de su futuro y el de sus familias.

Muchos ciudadanos españoles se han mostrado consternados por esta situación y algunos sindicalistas y políticos han manifestado que se trata de actuaciones represivas más propias de regímenes políticos autoritarios, o de aparentes democracias con un respeto insuficiente por los derechos fundamentales de sus habitantes.

Esta indignación contrasta con la muy generalizada reacción de apoyo hacia la represión policial contra ciudadanos catalanes con motivo de los hechos de octubre de 2017. Todos recordamos los cánticos de “a por ellos” con los que se despidió en muchas localidades a los efectivos policiales que partían hacia Catalunya, cómo se reprodujeron masivamente en las redes sociales y con qué regocijo se jaleó el apaleamiento de los ciudadanos catalanes que pacíficamente intentaban defender los locales de votación.

La deriva represiva del estado español durante los años de gobierno del Partido Popular afecta a todos los ciudadanos españoles, a todos. Cuando se limitan o se suprimen determinados derechos, ello afecta a la totalidad de la sociedad. Cuando se promulga una legislación “ad hoc” para algún grupo determinado o alguna situación concreta, las leyes quedan en el código y después se pueden utilizar para perseguir a otras personas o corporaciones de manera contraria a la voluntad original del legislador, sobre todo si hay fiscales o jueces dispuestos a hacer interpretaciones extendidas o imaginativas de las mismas.

Otro ejemplo reciente de represión desmedida es la sentencia desaforada de impuesta a los jóvenes de Altsasu, por una pelea de bar con unos guardias civiles fuera de servicio, con unas penas de años prisión brutalmente desproporcionadas para los hechos que se produjeron. O las sentencias, absolutamente delirantes, contra cantantes, actores cómicos, dibujantes humorísticos satíricos, o cualquiera que resulte incómodo para los que detentan el auténtico poder. Sentencias que se derivan de leyes o modificaciones legislativas realizadas en los últimos años, que claramente limitan determinados derechos, entre ellos el de libertad de expresión, y que son interpretadas por algunos fiscales y jueces con criterios decimonónicos.

Es muy triste comprobar cómo muchos ciudadanos, incluyendo políticos, sindicalistas y activistas sociales, que lucharon durante el franquismo contra la represión y para conseguir las libertades democráticas, están callando en estos últimos años ante la deriva represiva del estado en Catalunya, incluso están manifestándose conformes con la misma, sin darse cuenta, o sin querer darse cuenta, o siendo plenamente conscientes, de que la restricciones impuestas a las libertades y derechos fundamentales van a quedar ahí para todos y de que, después de los catalanes, pueden venir los comunistas, o los sindicalistas, o los artistas satíricos, o, como en el caso de Don Benito, los agricultores. Nadie que sea incómodo para el “deep state” está libre del peligro de la represión.

Parece que muchos ciudadanos españoles están dispuestos a sacrificar en el altar de la unidad de España los derechos y libertades fundamentales que tanto esfuerzo, tanto dolor, tanta prisión y tanta muerte costó conseguir. Deberían pensar que lo que se pierde rápido luego cuesta mucho volver a conseguir, habitualmente con nuevo esfuerzo, nuevo dolor, nueva prisión y nuevas muertes.