Las prótesis metálicas de cadera exponen a los pacientes a fugas tóxicas

Una investigación publicada en el British Medical Journal (BMJ) ha demostrado que las prótesis metálicas de cadera tienen una alta probabilidad de presentar defectos que afecten a la salud de los pacientes, un hecho conocido pero no alertado por los fabricantes de estos productos y que en España afecta a 1.400 personas, intervenidos en 70 centros públicos y privados, entre ellos algunos de Baleares.

Según los autores, el roce del metal puede provocar pequeños desprendimientos de partículas que, luego, pueden filtrarse por el cuerpo y provocar daños en el paciente ya que, potencialmente, esos desechos pueden provocar inflamaciones, destruir tejido muscular y óseo y entrar en el riesgo sanguíneo.

La preocupación se ha centrado en las prótesis enteramente metálicas hechas de cobalto y cromo. Entre los implantes analizados están unos fabricados por De Puy, perteneciente al grupo Johnson & Johnson, que tuvieron que ser retirados en 2010. No obstante, también se han centrado en otras prótesis llamadas 'Pinnacle', que todavía están en el mercado.

De los mil pacientes del hospital de North Tees que presentaban dichas prótesis, en 75 se encontraron fallos. La compañía ha reconocido a la BBC que la seguridad de los pacientes es su mayor prioridad y que los datos clínicos muestran como 'Pinnacle' no es peligroso.

RIESGOS

Sin embargo, la investigación de la BBC y el British Medical Journal muestra que ante las evidencias de los riesgos, los fabricantes permanecieron en silencio. En concreto, analizaron documentos internos de la compañía que prueban como, desde 2005, De Puy estaba al corriente del daño que podría causar en los pacientes las prótesis de metal sobre metal.

La investigación también descubrió que, en un intento para prevenir dislocaciones e incrementar la movilidad de los implantes, tanto De Puy como otros fabricantes, cambiaron el diseño de las prótesis para disponer de una cabeza más grande y un brazo más corto. Sin embargo, les acusan de haberlo hecho sin previamente haberlas sometido a pruebas para comprobar su seguridad y efectividad o la posibilidad de que pudieran provocar problemas a largo plazo.

“El haber detectado las malas prácticas de una empresa o cómo hacían la vista gorda a un pequeño número de prótesis no es una cuestión de mala suerte”, opina Deborah Cohen, editora del British Medical Journal.

Por su parte, el director del Centro para las Evidencias Médicas de Oxford, Carl Heneghan, considera que el principal problema está en que las caderas artificiales, así como de los implantes mamarios y otros dispositivos, es que no tienen que pasar por las mismas pruebas que los medicamentos.

De este modo, según explica, mientras los medicamentos obtienen autorización de un único agente regulador, los implantes pueden elegir el órgano que los examina para ser aprobados. Según datos de la Agencia Reguladora de los Productos de Salud del Reino Unido (MHRA, por sus siglas en inglés), actualmente hay 65.000 pacientes con implantes total de cadera total, de los que 49.000 presentan algún problema.

La directora clínica de esta entidad, Susanne Ludgate, asegura que “como medida de precaución ya han puesto en marcha protocolos de seguimiento para que los pacientes con implantes con cabeza de 36 milímetros o más se sometan a revisiones anuales, ya que tienen un pequeño riesgo de causar complicaciones”.

En este sentido, hay que recordar que, entre julio de 2003 y agosto de 2010, la empresa De Puy, una filial de la multinacional Johnson&Johnson, distribuyó un modelo de prótesis de cadera defectuosa en 70 centros sanitarios públicos y privados españoles. La prótesis, comercializada como ASR, fue vendida en doce de las diecisiete comunidades autónomas e implantada en 1.400 pacientes españoles, según datos de la compañía. Aragón, Extremadura, Cantabria, La Rioja y Navarra fueron las únicas comunidades donde no llegaron las prótesis defectuosas

Esta controversia coincide con un escándalo mundial debido a implantes mamarios defectuosos, en el que más de 400.000 mujeres en todo el mundo se cree que han recibido implantes realizados por una empresa francesa PIP, que cerró en 2010 después de saberse que había utilizado un gel de silicona deficiente.