RIU carga contra el Gobierno por el cierre de uno de sus hoteles en Fuerteventura

La cadena mallorquina considera que hay pruebas de que el Ministerio "ha buscado desde el principio producir la caducidad de una concesión en vigor para el uso de las instalaciones hoteleras que quedaron en dominio público y, con ello, el cierre de una instalación que siempre ha desarrollado su actividad en plena situación de legalidad y con pleno respeto a la normativa".

Para Riu, la estrategia del departamento de Teresa Ribera se ha centrado en que la hotelera ha cometido infracciones, algo que la compañía rechaza. Así, niega haber ocupado mayor espacio de dominio público que el permitido por la concesión o que haya usos no autorizados dentro de las instalaciones, ni que haya ejecutado obras sin autorización en el ámbito de la concesión. Recuerda además que el Ministerio no tiene competencias en materia de Costas, ya que ha sido transferidas a la Comunidad Autónoma.

Asimismo, Riu considera "escandalosa" la actitud del Ministerio y asegura que su estrategia "arrancó en el año 2018 con un claro objetivo: forzar la caducidad de la concesión".

Asegura también que el departamento de Ribera ha "obstaculizado cualquier actuación" de RIU para mejorar las instalaciones del hotel y ha acelerado la anulación de la concesión al hotel "con una rapidez que sugiere un interés deliberado".

Por todo ello, asegura que el Ministerio "no ha evaluado las consecuencias de su actitud y decisión para el interés general de la isla de Fuerteventura, ya que el posible cierre del hotel Riu Oliva Beach tendría graves implicaciones económicas y sociales".

En ese sentido, recuerda que el hotel ha llegado a crear 600 puestos de trabajo, directa o indirectamente, "que ahora están en riesgo por las infundadas pretensiones del Ministerio de Transición Ecológica", así como que genera un impacto de 13,6 millones de euros de facturación a la isla, que se eleva hasta los 27 millones si se añade el gasto en el destino realizado por los clientes del hotel a lo largo del año.

Finalmente, la hotelera asegura que defenderá sus derechos, "no solo por su interés empresarial sino también, y sobre todo, por el compromiso sostenido con sus trabajadores, con sus proveedores y con la isla de Fuerteventura en su conjunto".

Señala además que la querella que presentó contra los tres altos cargos ministeriales relacionados con la tramitación de los expedientes de revisión, sanción y caducidad de la concesión del hotel, fue "una acción necesaria para la defensa de sus legítimos derechos" y recuerda que su admisión a trámite "fue defendida hasta el final por los distintos fiscales que participaron en la causa".