La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha planteado a los Gobiernos autonómicos cómo repartir los 10.000 millones de euros del fondo que va a crear el Ejecutivo para las Comunidades, proponiendo que, en un primer abono de 6.000 millones, los ingresos en UCI que ha registrado cada autonomía pesen el 35 por ciento, y los hospitalizados, otro 25 `por ciento, es decir, el 60 por ciento en total, mientras que los casos de Covid-19 confirmados por PCR significarán un 20 por ciento, y el 20 por ciento restante vendrá marcado por el dato de población.
Así lo ha explicado la ministra en una reunión de más de tres horas mantenida este lunes por la tarde con los consejeros de Hacienda para debatir los criterios de reparto de los 16.000 millones de euros para las CCAA anunciados el fin de semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Según ha informado el Ministerio, Montero se ha comprometido a revisar su propuesta para que recoja también la opinión que han mostrado los responsables autonómicos. La medida que finalmente se decida se aprobará mediante Real Decreto por el Consejo de Ministros. Además, se convocará un Consejo de Política Fiscal y Financiera para mantener la coordinación.
Parte de ese dinero lo constituye un fondo de 10.000 millones no reembolsable para cubrir los gastos sanitarios, que no tendrán intereses ni aumentarán la deuda de las Comunidades. Los primeros 6.000 millones se dotarán a corto plazo, y en el segundo semestre del año se abonarán los otros 4.000.
POBLACIÓN
En el primer tramo, según Hacienda, en el criterio de reparto entre autonomías pesarán más "las variables que reflejan el impacto sanitario", puesto que los ingresos en UCI y hospitalizados representarán el 60 por ciento frente al 20 población que dictamina la población.
Para el segundo tramo, sin embargo, Hacienda propone que la población sea el criterio que tenga más relevancia y se le reserve un peso en el reparto final del 40 por ciento. Por su parte, los ingresos en UCI supondrán un 30 por ciento; las hospitalizaciones, un 20 por ciento, y los positivos confirmados por PCR, el 10 por ciento restante.
Con respecto a la población, Montero ha dejado abierto para el debate, a petición de los consejeros, cómo se define este concepto: si se tiene en cuenta la población ajustada o la población protegida equivalente. El Ministerio entiende que son variables similares y que tienen en cuenta criterios como la población mayor de 65 años, la dispersión, el número de menores de 16 o la insularidad.
A este fondo se sumarán otros mil millones para gasto social, que se repartirán como los 300 millones del fondo social extraordinario que se aprobó en marzo. En este caso, la población es la variable que más cuenta, aunque también se incluyen otros criterios, como mayores de 65 años, jóvenes o población dependiente.
CAÍDA DE LOS INGRESOS PROPIOS
La tercera parte de los ingresos anunciados por el Gobierno son otros 5.000 millones para cubrir la caída de ingresos propios de las autonomías. María Jesús Montero ha planteado que el reparto entre Comunidades salga de una propuesta del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de las Gestión Tributaria. El Ministerio ha señalado que se trata de un órgano colegiado, integrado por representantes de la Administración Tributaria del Estado y de las Comunidades Autónomas, así como Ceuta y Melilla, y que su papel es coordinar la gestión de los tributos cedidos.
Montero ha vuelto a defender el esfuerzo que, a su juicio, está haciendo el Gobierno para ayudar a las Comunidades ante la crisis provocada por la pandemia. Ha insistido en que por el sistema de financiación las CCAA recibirán los recursos previstos para 2020, sin tener en cuenta la caída que registrará el PIB. Según Hacienda, las autonomías van a ingresar, de hecho, 9.500 millones más sobre la adjudicación que les correspondería si el sistema de financiación recogiera las nuevas cifras provocadas por la pandemia.