Esta semana agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron en el marco de la
operación Buzón al administrador y dos directivos de la empresa
Mitjana Balear, encargada de hacer las notificaciones de la Agència Tributària de Illes Balears (ATIB), acusados de falsedad documental y de un delito contra los derechos de los trabajadores. Presuntamente tenían trabajando para ellos a algunos empleados ‘en negro’, sin contrato laboral y sin darlos de alta en la Seguridad Social. Además les obligaban a hacer
jornadas laborales muy extensas, de hasta 14 horas diarias, a cambio de un sueldo de 800 euros mensuales, pero debían aportar su vehículo y el combustible.
También ha sido detenido esta semana un español de 54 años, propietario de una gestoría en Palma y de diversas empresas y fincas rurales, acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores y discriminación laboral. Fue denunciado por algunos de sus trabajadores, de nacionalidad marroquí, que explicaron a la Policía que trabajaban 60 horas semanales, 6 días a la semana, por 280 euros mensuales. Además, les facilitaba alojamiento en una casa en ruinas ubicada en una de sus fincas, sin agua corriente.
La crisis ha traído consigo una notable disminución de los derechos sociales y laborales de los trabajadores. Las sucesivas reformas laborales (la del PSOE en septiembre de 2010 y la más reciente del PP en febrero de 2012) con el abaratamiento del despido, la elevada tasa de desempleo, el endurecimiento de los requisitos para cobrar el subsidio por desempleo (además del recorte de su cuantía) y el recorte de los salarios (tanto públicos como privados), ha hecho que muchos trabajadores soporten condiciones laborales mucho peores que antes de 2007 por miedo a engrosar las listas del paro.
Ante esta circunstancia, algunos empresarios que no merecen tal nombre, aprovechándose de esta situación de necesidad, han impuesto condiciones laborales y económicas completamente abusivas e ilegales. En Mallorca, las Fuerzas de Seguridad en colaboración con la Inspección de Trabajo ha llevado a cabo en los últimos años algunas operaciones para reprimir este tipo de fraude.
MEMORIA FISCALÍA DE BALEARES
Según la Memoria de la Fiscalía de Baleares en 2012 se incoaron 239 diligencias por delitos contra los derechos de los trabajadores, frente a los 373 que se incoaron en 2011, lo que supone un descenso del 35,9%. Sin embargo, los casos vuelven a repuntar en lo que llevamos de año 2013.
En el apartado relativo a los delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros del artículo 312.2 del Código Penal, menciona que por este delito fueron incoadas tres causas en 2011, aunque fueron sobreseídas al no haberse acreditado que las condiciones laborales impuestas a los trabajadores extranjeros fueran tan gravosas y perjudiciales que evidenciasen una situación de verdadera explotación y falta de respeto a la dignidad del trabajador. También se apunta que en 2012 se abrió una única causa que se encuentra en fase de investigación.
CASO FORN DE CAMPOS
Uno de los casos con mayor repercusión mediática se produjo en marzo de este año. La Policía Nacional detuvo a cinco responsables de la cadena de cafeterías Forn de Campos por delitos contra los derechos de los trabajadores, coacciones, falsedad e insolvencia punible. Obligaban a las trabajadores a trabajar más horas de las que figuraban en su contrato sin compensación, les adeudaban nóminas y las amenazaban con despedirlas si se tomaban días de vacaciones. Algunas de ellas no tenían contrato ni estaban de alta en la Seguridad Social.
BUZÓN DE DENUNCIAS ANÓNIMAS
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Dirección General de la Inspección de Trabajo, puso en marcha desde el pasado mes de agosto el Buzón de lucha contra el fraude laboral, donde cualquier persona puede denunciar infracciones de forma anónima rellenando un formulario:
http://www.empleo.gob.es/buzonfraude/index.jsp