Regular los alquileres, una medida discutida y discutible

El Gobierno central ha aprovechado el inicio de la tramitación de los Presupuestos Generales de 2021 para anunciar el proyecto de regulación del precio de los alquileres en las zonas con mayores incrementos de precios. El plan, surgido de los acuerdos de gobierno establecidos entre el PSOE y Podemos para formar la mayoría que les llevó a Moncloa, pretende iniciar su tramitación como ley en el Congreso en un pazo máximo de cuatro meses.

La idea es que se apruebe una norma que establezca los precios máximos que se podrían aplicar en las zonas calificadas como "tensionadas", utilizando el índice de referencia de precios de alquiler que presentó el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el pasado junio. Ciudades como Palma y Vila d'Eivissa entrarían en el listado de localidades con un precio de alquiler limitado.

La iniciativa llega en medio de la mayor crisis económica de los últimos años, en un contexto de máxima incertidumbre y de caída generalizada de los precios, al menos en Baleares. Según explicaban este miércoles a mallorcadiario.com responsables de la asociación de agentes de la propiedad (API), los precios del alquiler en las islas ya han bajado entre un diez y un quince por ciento desde mayo, especialmente en los inmuebles cuyos precios oscilaban entre los 900 y 1.000 euros.

En las Islas, durante este periodo, el mercado del alquiler ha registrado un aumento del 50 por ciento en el número de inmuebles ofertados. Un dato que se atribuye, por una parte, al desvío hacia el mercado residencial de inmuebles que se destinaban a viviendas vacacionales y, por otra, a la entrada en el circuito de casas que estaban en venta y que, ante el negro panorama económico, han pasado a ofrecerse en alquiler antes que bajar el precio de venta.

Así las cosas, el control del precio de los alquileres que pretende el Gobierno central ha sido calificado de "populista y nada eficaz" por los expertos, habida cuenta de que el mercado ya se ha regulado. Y lo seguiría haciendo si se adoptan medidas que pongan más viviendas en venta o alquiler, en lugar de intervenir el mercado con penalizaciones o coacciones. Por ello los expertos consideran que la medida impulsada por el Gobierno no es una solución real al problema de la vivienda en comunidades como la balear.

En Cataluña se está experimentando una medida similar por lo que Moncloa tiene por delante cuatro meses para ver si en la comunidad catalana tiene algún efecto o queda como un nuevo brindis al sol.