Reforma de la Constitución

El ministro de Justicia el pasado día seis  hizo unas declaraciones sobre la posibilidad de realizar una reforma de la Constitución del 1978, que en plena canícula de agosto no se sabe si es simplemente un globo sonda para conocer la reacción de los demás partidos, si es una serpiente de verano, que como se sabe , es una expresión que se refiere a las noticias irrelevantes o increíbles que publican los diarios para llenar sus páginas durante las vacaciones de verano, y/o a las declaraciones vacuas, superficiales y carentes de contenido o interés e irrelevantes que hacen los políticos cuando no tienen nada importante que declarar cuando la mayor parte de la sociedad está de vacaciones y no se producen sucesos o noticias relevantes, o simplemente necesita estar en el candelabro,  como en su día declaró la modelo Sofía Mazagatos, y cuya frase recorrió España entera por su brutalidad lingüística y por la notoriedad de la persona que la dijo.

Es bueno recordar que, aunque el ministro Catalá no es militante del PP, está considerado un ministro muy vinculado a Rajoy, con quien ha trabajado en distintos ministerios desde hace muchos años, y está especialmente  próximo a otros muy influyentes miembros del Gobierno, como Ana Pastor y Soraya Sáenz de Santamaría

Resulta que mientras Mariano Rajoy ha eludido durante toda la legislatura el debate sobre la posible reforma de la Constitución, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha sido el primer ministro del actual ejecutivo que ha abierto la puerta a una posible reforma al defender la reforma del sistema de competencias del Estado y autonómicas que se establece en la Constitución, aunque rápidamente salió la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, a explicar que lo que propone Catalá es “interesante como reflexión”, pero que el partido no había tomado aún ninguna decisión sobre este asunto.

Básicamente la propuesta de Catalá hace referencia a la ya larga polémica del límite competencial entre el Estado y las comunidades autónomas, los artículos señalados por el ministro establecen el catálogo de competencias del Estado y de las comunidades autónomas, o sea los artículos 148 y 149 de la Constitución, que, a su vez, son los artículos referidos en casi todos los conflictos de competencia del Estado y las comunidades autónomas ante el Tribunal Constitucional y que han sido causa de largas y duras polémicas desde que desde que Alianza Popular (antecedente del PP) votó en contra de ese título de la Constitución.

Es destacable que sus propuestas en este tema  van en la misma línea del informe que, a instancias de José Luis Rodríguez Zapatero, hizo el Consejo de Estado en la anterior legislatura.

Catalá menciona también en la entrevista la reforma sobre la sucesión de la Corona, la supresión de los llamados artículos muertos para la creación de comunidades que ya no tienen sentido y apuntó la posibilidad de retocar los aforamientos, en lugar de eliminarlos.

Alguna propuesta de reforma se cae por su propio peso, como la reforma  del artículo 57.1 que fija el orden sucesorio hacia el futuro: "La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer y, en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos".

Articulo machista donde los haya y que se da de bruces con la cruda realidad ya que la heredera al trono es una mujer, ya nombrada Princesa de Asturias, y que en el hipotético caso de que a Letizia le diera por parir un varón menudo follón provocaría.

En todo caso, la propuesta del ministro Catalá, más que una reforma es una especie de maquillaje de cara a la galería. No habla de dar a la ciudadanía la posibilidad de escoger, de una vez por todas, si quieren monarquía heredera del franquismo o república, no habla de la reforma o la eliminación, en su caso, del Senado, no se atreve a proponer la eliminación de los aforamientos, ni menciona la reversión del articulo 135 tan denostado a la redacción anterior  al día 2 de septiembre de 2011, en el que  el Congreso de los Diputados aprobó, con 316 votos a favor y 5 en contra, la primera reforma constitucional de gran calado, para introducir de forma urgente en la Carta Magna el principio de estabilidad financiera para limitar el déficit.