Las comunidades autónomas en manos de otras fuerzas políticas distintas al PP, entre ellas Balears, plantaron cara al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrada en Madrid. Se oponen al objetivo de déficit propuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy, que significa pasar del 0,7% previsto para 2015 hasta el 0,3% en 2016 y el 0,1% en 2017.
Los consejeros socialistas, entre ellos Catalina Cladera, cuestionan el reparto que se hace del déficit máximo autorizado entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Este cuestionamiento es razonable, ya que el Gobierno establece para las autonomías un límite siete veces menor que el que se impone a sí mismo, olvidando que son aquellas quienes gestionan educación, sanidad y servicios sociales. Plantean un reparto distinto, más justo y equitativo, que no obligue a hacer aún mayores recortes en los servicios públicos.
Sin embargo, el PP no atendió la justa demanda de las comunidades autónomas y en segunda votación impuso su criterio, lo que hace prever una fuerte tensión en el seno del CPFF. El Gobierno asfixia a comunidades como Balears, con un objetivo de déficit que obliga a más sacrificios y con un sistema de financiación pernicioso e injusto, que nadie sabe cuándo ni cómo será modificado.
