Rebelión en la FELIB: los alcaldes del PP denuncian "seguidismo" al Govern

"Es necesario hablar de Protección Civil, así como del reparto de la 'ecotasa', una cuestión que ni siquiera se comentó durante la reunión de la ejecutiva", ha lamentado Rotger. Para el alcalde de Selva, el "colofón" ha llegado de la mano del decreto 10/2022 de medidas urbanísticas urgentes, "en el que ha habido una total ausencia de diálogo, y que ha sido publicado durante las fiestas de Navidad".

Rotger ha censurado que "ni la FELIB ni su presidente han dicho ni una sola palabra sobre un decreto que no ha sido consultado con los municipios afectados, a pesar de que, posiblemente, puede afectar a las competencias municipales".

En este sentido, los alcaldes del PP han reclamado este martes una convocatoria extraordinaria del Consell Executiu de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) para enmendar "el último decretazo urbanístico", como así lo han calificado, del Govern.

DECRETO URBANÍSTICO

El nuevo decreto establece que los planeamientos urbanísticos municipales no podrán delimitar nuevos sectores de suelo urbanizable cuando las necesidades reales se puedan resolver con actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Se incluyen excepciones para hacer promociones públicas de vivienda protegida en determinados casos.

También amplía áreas naturales de especial interés, incrementando la protección territorial de Cala des Jondal, los barrancos de Son Gual y Xorrigo y áreas de la Serra de Tramuntana y es Trenc.

En un comunicado, el PP ha asegurado que el decreto "amenaza a los pequeños propietarios y a su derecho a vivir en el campo", en palabras del primer edil de Alaró y presidente del Comité de Alcaldes del PP, Llorenç Perelló.

En el mismo sentido, el coordinador de Territorio y Vivienda de esta formación política, Mariano Juan, ha asegurado que "en el Govern van a golpe de decreto y sin consenso en un tema que debería corresponder a la gestión de los ayuntamientos y a sus planes urbanísticos".

LIMITACIONES

El PP ha remarcado que el decreto aprobado el pasado 27 de diciembre "limita a los propietarios las posibilidades y derechos edificatorios consolidados, y también limita la autonomía de los municipios para decidir hacia dónde quieren crecer".

Los alcaldes del PP han sostenido que la FELIB es el órgano que "debe tomar las decisiones y defender a los municipios a la hora de tratar este asunto, que, como otras veces, significa la aprobación de un decreto ley que afecta a temas urbanísticos sin el consenso con los municipios".

DECRETO LEY

Perelló ha lamentado que, "para hacer cualquier modificación del planeamiento urbanístico, aunque sea para construir un equipamiento público, como un hospital, una escuela, un centro de salud o de día, o modificar el trazado de una calle", los ayuntamientos tengan que recurrir a modificaciones puntuales que tardan hasta cuatro años en aprobarse.

En cambio, "ahora viene de nuevo el Govern con un decreto ley para cambiar lo que ellos consideran dentro de los despachos sin previamente pactarlo con nadie, ni habiendo escuchado a los técnicos municipales, a los colegios profesionales, ni a los propios ayuntamientos".

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