Rayas en el agua

El Govern de les Illes Balears está determinado a conseguir más recursos económicos del Gobierno central sea como sea. Hasta ahora se ha planteado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde todas las comunidades autónomas que no están gobernadas por el Partido Popular han hecho un bloque y van de la mano, repartir más equitativamente el techo de déficit entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Esta vía quedó anulada ante la negativa del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Ahora, el Ejecutivo autonómico estima que el Gobierno de Mariano Rajoy (y antes que él, el de José Luis Rodríguez Zapatero) adeudan a Baleares alrededor de 1.300 millones de euros. Se trataría de 500 millones que nunca llegaron de 22 convenios suscritos entre 2007 y 2011, y otros 800 millones de inversiones estatutarias de 2011 a 2015.

La necesidad de mejorar la financiación autonómica es perentoria. La amenaza con recurrir incluso a los Tribunales para recuperar la citada cantidad de 1.300 millones puede ser una baza importante a la hora de una negociación con el Estado. Desde este punto de vista, si el Govern de Francina Armengol cree que este es un dinero que corresponde legalmente a nuestra comunidad autónoma, hace bien en reclamarlo por cualquier vía.

Sin embargo, es más que dudoso que sea un tribunal de Justicia quien resuelva los problemas de financiación, no ya de una comunidad insular y periférica como la nuestra, sino de cualquier otra. Se antoja poco realista confiar en que a través de un pleito que puede alargarse varios años, el Estado acabe siendo obligado a compensar económicamente a Balears. Esperemos que los anuncios del Govern no sean hacer rayas en el agua.