El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, ha reiterado este miércoles al presidente de la Generalitat de Cataluña,
Artur Mas, durante la reunión que ambos han mantenido en el Palacio de la Moncloa que la consulta soberanista prevista para el próximo
9 de noviembre es "ilegal" y que, por tanto, "ni se puede celebrar, ni se va a celebrar".
Según explica La Moncloa en un comunicado tras el encuentro entre ambos dirigentes, Rajoy ha insistido ante Mas en la postura que viene manteniendo desde que se anunció el día de la consulta y que va "en línea con lo que han expresado sobre este asunto tanto el Congreso de los Diputados como el Tribunal Constitucional". "El presidente Rajoy afirmó que la consulta es ilegal y que, por lo tanto, ni se puede celebrar, ni se va a celebrar", asegura.
El jefe del Ejecutivo ha planteado a Mas la "conveniencia de colaborar de la manera más intensa en lo que es la principal prioridad de los ciudadanos de Cataluña y del resto de España, que es consolidar y acelerar la recuperación económica que permita una creación intensa de puestos de trabajo".
Pero eso sí, Rajoy ha advertido al dirigente autonómico sobre los "riesgos que la inestabilidad política" podría suponer, a su juicio, al "incipiente proceso de recuperación, que está resultando particularmente intenso en Cataluña", de modo que se ha mostrado convencido de la necesidad de "preservar el clima de confianza logrado con tanto esfuerzo por parte de los ciudadanos".
Por su parte, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha mostrado su determinación de convocar la consulta soberanista para el próximo 9 de noviembre y ha señalado que, si es declarada ilegal por el Tribunal Constitucional, el proceso entrará en una nueva fase, "quizá la última".
En su comparecencia tras la reunión mantenida con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Palacio de la Moncloa, Mas ha insistido en que su voluntad es celebrar una consulta legal y acordada con el Estado pese a la negativa del jefe del Ejecutivo a esta posibilidad.
Así, ha asegurado que convocará esa cita a las urnas tanto si hay acuerdo con el Estado como si no lo hay y ha reconocido que, en este último caso, el Gobierno lo recurriría ante el Tribunal Constitucional. "Si nos obstaculizan el 9 de noviembre desde el punto de vista legal entraremos en otra fase, pero ahora no la voy a comentar", ha señalado.