PSOE y Podemos presentan los PGE tras acordar la regulación de los alquileres

Según han explicado desde ambas formaciones, el segundo de los puntos de la negociación, relativo al alquiler, quedará finalmente excluido de las cuentas públicas. Eso sí, con el compromiso de que la ley para regular los precios llegue al Consejo de Ministros en un plazo máximo de cuatro meses.

Para ello, se van a conformar diferentes grupos de trabajo para propiciar un debate que permita la elaboración del texto legislativo que, según han apuntado, desarrollará y respetará el acuerdo de coalición.

En este sentido, los socios de la coalición quieren que la ley permita habilitar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que a partir del Sistema de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica.

Así, pretenden convalidar los avances de aquellas CCAA que tengan definido un sistema de Referencia de Precios del Alquiler, agilizando los mecanismos que hagan posible su puesta en marcha.

BAJADA DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS EN MERCADOS TENSIONADOS

En la misma línea, la ley recogería mecanismos básicos a aplicar en esas áreas que podrán ser complementados por las administraciones locales en coordinación con las administraciones autonómicas, las cuales podrán declarar de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas del alquiler.

Estos mecanismos comprenderían que, en las zonas de mercado tensionado, determinadas en función de los sistemas de índices de referencia, se establecerán mecanismos de contención o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes.

En cualquier caso y en relación con la información obtenida por los sistemas de índices de precios de alquiler, PSOE y Unidas Podemos han explicado que se contendrán las subidas injustificada en los nuevos arrendamientos, tomando como referencia el precio del contrato del arrendamiento anterior y acotando los incrementos permitidos a las situaciones que se contengan en la ley de vivienda.

En lo relativo a la regulación del Ingreso Mínimo Vital, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 --que dirige Pablo Iglesias-- y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones --liderado por José Luis Escrivá-- impulsarán tres enmiendas para mejorar la prestación.

SE PODRÁ SOLICITAR LA PRESTACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO DEL AÑO

La primera de ellas permitirá tener en cuenta los ingresos de los meses transcurrido durante el año en curso para poder conceder el IMV. Así, las familias no tendrán que esperar a que acabe el año en el que han perdido sus ingresos para poder solicitar la prestación, sino que podrán solicitarlo en cualquier momento del año.

En segundo lugar, se reduce de tres a dos años de vida independiente los que las personas menores de 30 años tienen que acreditar para poder tener derecho al IMV. Esto facilitará, según han apuntado, que un mayor número de jóvenes puedan acceder al IMV si su situación económica empeora, por ejemplo, por quedarse en paro, y no han logrado cotizar lo suficiente para poder acceder a una prestación de desempleo.

Por último, se ha establecido la posibilidad de que los servicios sociales puedan acreditar algunos de los requisitos exigidos para acceder al IMV. De este modo, se va a dar respuesta a algunos de los problemas detectados en la tramitación de la prestación, buscando soluciones que faciliten la identificación de los beneficiarios del propio IMV.

Desde Moncloa han asegurado que el anteproyecto que se presentará este mismo martes contiene unos presupuestos progresistas y de país, que marcarán el rumbo definitivo hacia las transformaciones que necesita España: la transición ecológica, la digitalización de la economía, la cohesión social y territorial y la igualdad entre hombres y mujeres.

CUENTAS PÚBLICAS EXPANSIVAS

El Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, tras cerrar la coalición un acuerdo ayer por la noche, que recoge las principales cifras y medidas a acometer para encarar la recuperación, con un adelanto de 27.000 millones a cuenta de los fondos europeos a recibir y los distintos cambios tributarios, como la creación de un nuevo impuesto a los envases de plástico de un uso, IVA del 21% a las bebidas azucaras y edulcoradas, fiscalidad 'verde' y cambios en imposición directa e indirecta.

Las nuevas cuentas públicas "expansivas", que ponen fin a las tres veces prorrogadas de 2018 del Gobierno del PP, incluirán una subida del 0,9% para las pensiones públicas y el salario de los empleados públicos, un alza superior al 3% del Iprem, aunque no figurará finalmente la regulación de los precios del alquiler, si bien PSOE y Unidas Podemos han acordado acometerlo en un plazo de cuatro meses.

De esta forma, se mantiene la 'hoja de ruta' establecida por el Ejecutivo, con el fin de que los Presupuestos vean la luz "a comienzos de 2021", después de que la coalición (PSOE y Unidas Podemos) cerrase ayer por la noche los últimos flecos y desavenencias entre ambos con un pacto para regular el precio de los alquileres en un horizonte temporal de cuatro meses y facilitar el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IVM), dos de los principales escollos.

El acuerdo se alcanzó tras horas de reunión después de semanas de negociación capitaneada por parte del PSOE por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y por parte de Unidas Podemos por el secretario de Estado de Derechos Sociales y dirigente económico de la formación 'morada', Nacho Álvarez.

Tras reunirse el lunes con los sindicatos del área pública, el Gobierno hará lo propio en los días sucesivos con los sindicatos y con los distintos grupos para recabar apoyos, en un contexto de un nuevo estado de alarma anunciado por el presidente del Gobierno este domingo, que será llevado al Congreso esta misma semana.

El Gobierno prevé un impacto del conjunto de medidas fiscales y de la nueva Ley de lucha contra el fraude de 6.847 millones en 2021 y de 2.323 millones en 2022, gracias a las modificaciones tributarias, lo que permitirá incrementar los ingresos en 33.447 millones el próximo año, hasta el récord de casi 494.490 millones de euros.

La ratio de ingresos sobre PIB se situará en 2021 en el 40,3%, frente al 41,7% de 2020, en tanto que la ratio de gastos públicos bajará del 53% al 48%, aunque en términos absolutos supone 2.419 millones más.

Los PGE se elaboran con una previsión de caída del PIB del 11,2% este año y un repunte del 7,2% en 2021 (9,8% contando los fondos europeos); unos déficits del 11,2% y el 7,7% y una deuda del 118,8% del PIB y el 117,4%, respectivamente, y con un 'techo de gasto' de 196.097 millones en 2021, un 53,7% superior, que incluye transferencias extraordinarias a las CCAA (13.486 millones) y Seguridad Social (18.396 millones) y parte de los fondos europeos (27.436 millones).

Esta parte de fondos europeos adelantada en los PGE previsiblemente se financiará con emisiones de deuda pública por el Tesoro, ante la previsión de que empiecen a llegar las ayudas de Bruselas a mediados del próximo año.

Para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la idea es ejecutar los 72.000 millones de transferencias entre 2021 y 2023 de la cifra total de 140.000 millones de fondos europeos que corresponden a España, a recibir hasta 2026, y solicitar los créditos en la segunda parte.

IRPF, PATRIMONIO Y SOCIEDADES

Respecto a las medidas, la subida del IRPF ha sido otro de los principales puntos de discrepancia en la negociación, ya que Unidas Podemos ha reclamado un alza del tipo a partir de los 200.000 euros para las rentas de capital, frente a las reticencias de PSOE que optaba por no incluirlo o que afectase a rentas de más de 300.000 euros. No obstante, podría incluirse algún gesto.

También podría figurar un alza en Patrimonio del 1% del tipo a las fortunas de más de 10 millones y no se descarta alguna subida puntual a grandes empresas, si bien se aplaza la reforma fiscal "profunda" del acuerdo programático que prevé acometer cuando se recupere el crecimiento económico y para lo que va a designar un comité de expertos.

BONIFICACIONES FISCALES Y SUELDO FUNCIONARIOS

Sí figurará la eliminación de los incentivos fiscales en el IRPF a planes de pensiones privados y se favorecen los planes de ahorro de empresa, con aportaciones adicionales de la compañía y el Estado por cada una del trabajador.

En cambio, parece haberse descartado la eliminación de las exenciones del IVA a los servicios educativos y sanitarios privados que barajaba el Gobierno y que habría supuesto una implantación de un 21% de IVA a la educación y sanidad privada.

Por su parte, el Gobierno comunicó ayer a los sindicatos del área pública que el sueldo de los empleados públicos se elevará un 0,9% en 2021, así como la misma tasa de reposición de los PGE 2018, del 100% con carácter general, del 110% para Sanidad, Educación, otros servicios prioritarios y determinados puestos de las corporaciones locales, y del 115% para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El Consejo de Ministros aprobará también una oferta de empleo público de 28.055 plazas en 2020.

IPREM, PENSIONES, AYUDA A FAMILIAS MONOPARENTALES Y PERMISO PATERNIDAD

En el plano social, se revalorizarán las pensiones públicas un 0,9%, con arreglo al IPC; el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que se utiliza para calcular buena parte de las ayudas sociales, subirá más de un 3% tras tres años congelado y el permiso de paternidad se elevará de 12 a 16 semanas.

Se añadirán también mejoras relativas al Ingreso Mínimo Vital (IMV) -- tal y como pedía Unidas Podemos--, una ayuda a los cuidados en familias monoparentales y un mayor aumento de las partidas para residencias.

TRAMITACIÓN: PRIMERA VOTACIÓN EL 11 Y 12 DE NOVIEMBRE

Una vez remitido el anteproyecto de Presupuestos al Parlamento, se calcula que su primera votación en el Pleno del Congreso será la semana del 11 y 12 de noviembre, según el calendario que maneja la Mesa del Congreso y al que ha tenido acceso Europa Press.

Las previsiones de la Cámara pasan por recibir esta semana a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que hará entrega del proyecto de ley de Presupuestos a la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, y la presidenta de la Comisión de Presupuestos, Pilar Garrido.

Tras recibir los PGE, la Mesa del Congreso celebrará una reunión para calificar el proyecto, que este viernes, 30 de octubre, se espera sea publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Posteriormente, se sucederá la tramitación, con la comparecencia de altos cargos, el debate de las enmiendas de totalidad los días 11 y 12 de noviembre y, si se pasa ese trámite, pasarán a la fase de la discusión de su articulado y las enmiendas parciales que deberán presentarse el 16 de noviembre.

Tras su paso por ponencia y comisión, el proyecto volverá al Pleno del Congreso en la semana del 30 de noviembre para la votación de las secciones, que en caso de derribarse una sola supondría la caída de todo el proyecto. La previsión es que las nuevas cuentas públicas vean la luz en los primeros días de 2021.