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El Govern pide a Madrid que le permita limitar el precio del alquiler y sancionar a quien acapare propiedades inmobiliarias

El Govern pide a Madrid que le permita limitar el precio del alquiler y sancionar a quien acapare propiedades inmobiliarias

Por Redacción
jueves 04 de junio de 2020, 20:22h

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El conseller de Movilidad y Vivienda, Marc Pons, ha reclamado este jueves al Gobierno medidas para abaratar los alquileres, una regulación que limite los precios, y herramientas para sancionar casos de arrendamientos irregulares y de acaparación de inmuebles.

El político autonómico ha participado en una reunión telemática correspondiente a la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, en la que intervienen representantes de las comunidades y el secretario de Estado de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana, Pedro Saura.

A este alto cargo del Gobierno, Pons le ha recriminado la cantidad de 2,4 millones de euros asignados a Baleares para financiar las ayudas destinadas al alquiler y orientadas a apoyar a la población más vulnerable frente a la crisis del coronavirus. Según el conseller balear, se trata de una cifra claramente insuficiente para las necesidades de Baleares.

En una nota de prensa, Marc Pons ha subrayado el elevado ritmo de crecimiento del precio de los alquileres en las islas, que existía ya antes de la pandemia, la cual, según ha indicado, agudizará las dificultades de muchas personas a la hora de acceder a una vivienda.

Por esta razón, Pons ha solicitado al representante de la Administración central que se busquen fórmulas para impedir encarecimientos excesivos en las renovaciones de los contratos, que se dificulte la concentración de propiedades por parte de grandes tenedores, para lo que ha sugerido la aprobación de nuevas medidas fiscales, y que se habilite a las comunidades para que puedan perseguir las irregularidades en los arrendamientos por la vía de la inspección.

En este último aspecto, el conseller de Movilidad y Vivienda ha puesto como ejemplo de supuestas irregularidades que, a su juicio, podrían perseguirse mediante procedimientos administrativos, la exigencia de que el inquilino tenga que pagar más de un mes de depósito de fianza en el momento en que firma el contrato de arrendamiento de su nueva vivienda.

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