Presuntos culpables

Esta semana hemos tenido un nuevo ejemplo de lo que llevo repitiendo cada pocas semanas en esta columna desde hace varios años: una imputación, un procesamiento o una acusación no equivalen a una condena. El último –mediáticamente hablando- ejemplo es del cantante Ramoncín.

Por muy mal que pueda caernos alguien o por poco que nos guste su música, como ha podido ser –no digo que no- el caso del citado cantante, merece la pena analizar su caso. Tras una instrucción penal, un procesamiento, una acusación y un juicio retransmitido en directo (alegatos de la fiscalía incluidos), pudimos leer con todo detalle en la prensa el supuesto saqueo a la SGAE. Pues bien, el Juez que dicta la Sentencia dice que Ramoncín no cometió el delito del que se le acusaba. Que es inocente. ¿Creen que su imagen, judicialmente hablando, va a poder restaurarse? ¿Quién repara el daño que el tratamiento dispensado a la noticia le ha podido generar?

En la misma línea nos situamos con el tan mediático juicio del caso Noos. No olvidemos que ninguna de las personas que están ahí sentadas han sido condenadas por un juez y, por consiguiente, debemos respetar su presunción de inocencia. Han sido acusados, sí, y se ha abierto juicio contra ellos, pero ninguno (al menos en este caso) ha sido condenado. Por ese motivo, véase el ejemplo de Ramoncín, es muy precipitado emitir un juicio sobre si cometieron algún delito o no. Y, no me lo negarán, algunos medios dan por sentado que estas personas han delinquido con anterioridad a que les juzgue el Tribunal…

No es mi intención entrar en si es correcto o no que todos, o alguno, de los acusados han actuado bien o mal o si la instrucción del caso fue correcta. Tan solo insisto en que debemos esperar a, al menos, que exista una sentencia que declare que una persona ha cometido un delito.

No son pocos los programas de televisión en el que algún tertuliano, tras hablar sobre la primavera árabe o el parlamento de los EEUU, opina sobre la condición de algún acusado y soslaya el hecho de que aún no haya sido condenado. Insisto: una cosa es la posible responsabilidad de un político (quienes, por pura higiene, deberían apartarse si son imputados) y otra es considerar públicamente a alguien como un delincuente sin que exista una sentencia que así lo declare.

El caso de la infanta no es el único. Continuamente aparecen en la prensa noticias que relacionan, sobre todo a políticos, con la comisión de delitos. Políticos que no han sido juzgados. Véase el ejemplo de las tarjetas black. Todos pudimos leer los gastos detallados de esas personas. Todos hemos leído que han saqueado Bankia. Pero, ¿les han juzgado por eso? No. A ninguno de ellos. También en ese caso es necesario respetar su presunción de inocencia.