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Tres funcionarios del Govern trabajarán en la nueva Oficina de Derechos Lingüísticos
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Tres funcionarios del Govern trabajarán en la nueva Oficina de Derechos Lingüísticos

Por Redacción
viernes 04 de diciembre de 2020, 21:21h

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La Conselleria de Educació, Universitat i Investigació ha presentado este viernes, en un acto celebrado en las dependencias del Arxiu del Regne de Mallorca, en Palma, la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos, un nuevo organismo público dependiente de la dirección general de Política Lingüística cuya principal finalidad es tramitar reclamaciones relacionadas con casos de discriminación por el uso de una determinada opción idiomática.

La Oficina inicia la actividad pública con un equipo técnico de tres personas, un director, un asesor jurídico y un auxiliar administrativo, todos ellos personal funcionario de la Comunidad Autónoma. El departamento abarcará varias funciones. Por un lado, tramitará reclamaciones sobre la vulneración de derechos lingüísticos y recogerá sugerencias sobre la tutela de estos derechos, y, por otra parte, atenderá consultas sobre derechos lingüísticos y la normativa que los ampara, y divulgará información sobre la materia. Igualmente, realizará un papel mediador en los casos de vulneración de los derechos, a partir de la colaboración, el asesoramiento y el ofrecimiento de recursos.

A pesar de que no tiene capacidad sancionadora, la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos podrá proponer medidas normativas cuando se considere necesario para garantizar las elecciones idiomáticas de los ciudadanos de Baleares. Según la Conselleria d'Educació, se trata de un nuevo instrumento al servicio de la población, que actuará, con diferentes grados de capacidad de intervención, en el ámbito de las administraciones públicas, y también en el ámbito de las personas físicas y jurídicas de naturaleza privada.

EXPERIENCIAS EN OTROS TERRITORIOS

Otros territorios ya cuentan con organismos similares. Este es el caso de la Oficina de Garantías Lingüísticas de la Generalitat de Catalunya, la Elebide, en el País Vasco, o la Oficina de Derechos Lingüísticos de la Comunidad Valenciana. Todos estos organismos basan su actuación en la información sobre derechos lingüísticos, la mediación y el arbitraje. En este línea destaca, al mismo tiempo, la experiencia de la Oficina de la Lengua Francesa del Canadá.

El acto institucional de presentación del nuevo organismo se ha llevado a cabo este viernes en el Arxiu del Regne de Mallorca, en Palma. Han asistido, tanto presencialmente como telemáticamente, representantes de las instituciones y de la sociedad civil, así como juristas especializados en derechos lingüísticos. Según ha explicado la directora general de Política Lingüística, Beatriu Defior, el objetivo es que los ciudadanos "se sientan acompañados, que perciban que el Govern los apoya".

50 CASOS DE DISCRIMINACIÓN LINGÜÍSTICA

Defior ha señalado que la protección de los derechos lingüísticos desde la administración no empieza ni acaba con la Oficina y ha recordado que, solo en 2020, su área ha atendido una cincuentena de casos de discriminación lingüística, y que también ha actuado de oficio.

En este sentido, el conseller de Educació, Universitat i Investigació, Martí March, ha remarcado que la seguridad lingüística implica que los hablantes viven en un entorno en el que pueden elegir la lengua que quieren emplear, sin presiones. March ha indicado que la Oficina ayudará a visibilizar el problema que supone que demasiado a menudo los catalanoparlantes tengan que renunciar al uso de su lengua, una situación que, según el conseller, "puede resultar incluso dolorosa".

SATISFACCIÓN EN LA OBRA CULTURAL BALEAR

La creación de la Oficina ha sido acogida con satisfacción por parte de la Obra Cultural Balear. La entidad ha animado a los ciudadanos a utilizar este nuevo servicio, que ha calificado de "necesario" teniendo en cuenta el "contexto incesante de vulneraciones de los derechos lingüísticos" en la mayoría de ámbitos de la sociedad.

Según ha apuntado este viernes en un comunicado, la OCB considera imprescindible que la nueva Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos cuente desde el primer momento con una dotación de recursos humanos y presupuestarios suficientes.

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