Por todos es sabido que la credibilidad del PP defendiendo la libertad lingüística es nula. Gracias a las leyes aprobadas por este partido sufrimos en Baleares la actual inmersión en catalán obligatoria, ilegal y antipedagógica. El Partido Popular ni tan siquiera con una mayoría parlamentaria tan abrumadora como la de la última legislatura con un gobierno presidido por José Ramón Bauzá fue capaz de implantar el único sistema avalado por todos los organismos pedagógicos internacionales y que garantiza los derechos de los hablantes de ambas lenguas: La libre elección de lengua en todos los niveles educativos.
Ahora bien, que el PP mienta cuando su ministro Méndez de Vigo afirma que en España se puede estudiar en español o que en Baleares prometan, sin que se les caiga la cara de vergüenza, acabar con la locura catalanista de socialistas y nacionalistas, no borra el fariseísmo de una formación como Ciudadanos, que hace ya tiempo que dejó de defender la libertad de elección de lengua para pasar a defender un sistema de inmersión lingüística en catalán (no en balear), castellano e inglés, que no por trilingüe deja de ser una imposición coactiva para las familias.
Ciudadanos, igual que el PP, defiende que la competencia de educación sea autonómica haciendo uso de esa gran mentira que es hacer creer que la Alta Inspección Educativa podría hacer efectivo el derecho de todo español a estudiar en su lengua, la lengua oficial del Estado. Cuando la única solución pasa por suspender la competencia autonómica educativa aplicando el artículo 155 para que sea la administración del Estado la que garantice la enseñanza en español, proponer una reforma constitucional para que definitivamente sea la Administración central la que tenga asignada la competencia en educación, e implantar un sistema de libre elección de lengua que garantice los derechos de los hablantes de ambas lenguas.
Al igual que el PP, y en relación a la prohibición del español como lengua vehicular en la enseñanza, vulnerando la legalidad vigente y las sentencias de los más altos tribunales, Ciudadanos no ha instado nunca procedimiento penal contra ningún responsable autonómico por desobediencia. En Baleares ninguna reclamación administrativa, ningún contencioso, ninguna denuncia ante Fiscalía. Ya nada queda de aquel partido al que admiraba cuando se enfrentaba con contundencia al totalitarismo pancatalanista en Cataluña.
Cuando Albert Rivera, Toni Cantó o Juan Carlos Girauta denuncian tan acertadamente los desmanes de los nacionalistas en la enseñanza, Ciudadanos podrá parecer una formación similar a ACTÚA. Sin embargo, cuando se trata de proponer soluciones son exactamente iguales que el resto de las pusilánimes formaciones constitucionalistas con representación parlamentaria.
Hoy en día, en Baleares y en el resto de Comunidades con lenguas cooficiales, querer que se respeten los derechos de los hablantes de ambas lenguas, y que todos los españoles, vivan donde vivan, puedan estudiar en español es una reivindicación asumida por fuerzas extraparlamentarias. En su mano está cambiarlo en las próximas elecciones.
