PP y El PI advierten de los efectos nocivos del plan sobre alquiler turístico del Consell

El PP ha señalado este miércoles que el PIAT provocará que "muchos autónomos pierdan su puesto de trabajo y que muchas empresas no puedan seguir desarrollando su actividad". Además, su portavoz en el Consell, Llorenç Galmés, ha criticado que el Plan se ha elaborado "sin el diálogo ni la participación" de los municipios, ni de los sectores afectados, y sin que tomaran parte los grupos de la oposición" a los que, según el representante popular, "se les entregó un documento denso e intenso con menos de 12 horas para poderlo estudiar".

Galmés ha confirmado que pedirá a la presidenta, Catalina Cladera, la retirada del orden del día del punto referido a la aprobación del PIAT, el cual, a su juicio, "no solo será muy negativo para los mallorquines" sino que, además, "excede las competencias del Consell". Como ejemplo, el portavoz del PP ha citado que la normativa prohíbe definitivamente el alquiler vacacional de casas en suelo rústico protegido, y esto, en su opinión, "afecta muy negativamente a los municipios de la Serra de Tramuntana, donde el suelo ya está totalmente preservado".

EL PI CONSIDERA QUE EL PLAN ESTÁ "DESFASADO"

Por su parte, el conseller de El PI-Proposta per les Illes Balears Antoni Amengual ha exigido a la presidenta del Consell que retire y reformule el PIAT, porque considera que está "desfasado" ante la nueva situación generada por el Covid-19. En este sentido, Amengual ha anunciado que su grupo votará en contra del proyecto que este jueves debatirá el pleno del Consell, y que previsiblemente será aprobado gracias al sufragio favorable de los tres partidos que forman parte del gobierno insular.

Para el recién elegido presidente de El PI, "la administración no puede trabajar de espaldas a la realidad económica que padecemos y la situación actual de crisis". La apuesta defendida por Amengual pasa por "un reequilibrio de los sectores productivos, y el documento presentado no prevé ninguna medida al respecto".

Además, ha subrayado que esta normativa generará inseguridad jurídica a los ayuntamientos cuando deban regular el alquiler turístico. Para El PI, la única finalidad del plan es "limitar al máximo el alquiler vacacional y desanimar a cualquiera que quiera alquilar su vivienda".