La CAEB recuerda al Gobierno que la Covid no es una enfermedad laboral

Concretamente, el Real Decreto publicado este miércoles en el BOE prevé que, en los puestos de trabajo, corresponderá a los responsables en materia de prevención de riesgos laborales tomar las determinaciones oportunas acerca de si en esa empresa específica debe seguir aplicándose la norma sobre la obligatoriedad de las mascarillas.

El texto recoge exactamente que “los responsables en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo a la correspondiente evaluación de riesgos del puesto de trabajo, podrán determinar las medidas preventivas adecuadas que deban implantarse en el lugar de trabajo o en determinados espacios de los centros de trabajo, incluido el posible uso de las mascarillas, si así se derivara de la referida evaluación”.

Sin embargo, la organización patronal CAEB considera que el Gobierno debería definir unas directrices "claras y concretas" en relación a qué supuestos exigen hacer uso de la mascarilla, imperativamente, en el ámbito laboral.

La entidad que preside Carmen Planas ha recordado que "la Covid-19 es una enfermedad común" y que, en consecuencia, "por lo general, no estamos ante un riesgo de origen laboral, a excepción de ciertas actividades". Entre estas excepciones, CAEB hace mención a la exposición a agentes biológicos, como la que ocurre en el marco sanitario y socio-sanitario.

PLAN DE CONTINGENCIA

Desde este punto de vista, CAEB entiende que "no es apropiado" dejar la responsabilidad de la decisión en manos de las empresas y sus servicios de prevención. Al respecto, la organización expone que si la Covid no guarda relación, generalmente, con los riesgos laborales, su evaluación debería ser realizada a partir de las disposiciones del Plan de contingencia de la empresa frente al coronavirus. De hecho, según recuerda CAEB, "si ninguna enfermedad común es contemplada en la evaluación de riesgos laborales, ¿por qué debe serlo la Covid-19?".

INSEGURIDAD JURÍDICA

La entidad ha lamentado, además, que la directriz promulgada por el Gobierno "genera una gran inseguridad jurídica a las empresas y también puede generar conflictividad laboral". Entretanto, CAEB ha señalado que "habrá que esperar a comprobar en qué términos queda actualizado" el procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 0.

En cualquier caso, y ante el nuevo escenario planteado desde el Gobierno, la patronal balear ha asegurado que sigue recomendando para las personas trabajadoras el uso de mascarilla en determinados supuestos, como en el caso de permanencia en espacios poco ventilados, en lugares con concentración de personas o cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad durante un tiempo prolongado.

DARIAS: "LA MASCARILLA NO ES OBLIGATORIA EN EL PUESTO DE TRABAJO. ESTA ES LA NORMA GENERAL"

Por su parte, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha insistido este miércoles en que la mascarilla ya no es obligatoria en el ámbito laboral, tras la entrada en vigor del Real Decreto aprobado por el Gobierno, y ha reafirmado que esta será, a partir de ahora, la "regla general".

En una rueda de prensa que ha compartido con la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, la titular de Sanidad ha recordado que los servicios de prevención de riesgos laborales pueden establecer el uso imperativo de la mascarilla "una vez realizada la valoración de riesgo del puesto de trabajo". Darias ha reivindicado que, a lo largo de la pandemia, estos servicios han intervenido activamente en el proceso de análisis de las normativas promulgadas para hacer frente al virus.

Al margen de ello, la ministra se ha referido a las manifestaciones del consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, quien ha asegurado que el Decreto "no ha sido pactado con las comunidades autónomas", pese a que fue aprobado hace dos semanas en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

"Contó con la práctica unanimidad de las autonomías. Y también con la unanimidad y el consenso de las personas que asesoran al Ministerio y que forman parte de la Ponencia de Alertas. Las normas están para cumplirlas todos, los responsables públicos también", ha replicado Darias al representante de la Junta.

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