No soy partidario de crear alarmas sociales innecesarias. Soy partidario de permitir al máximo la acción comercial y el desarrollo del pequeño y mediano comercio. No soy partidario de aquellos que no cumplen la legislación. Soy partidario de la seguridad jurídica y la seguridad de las personas.
Que a estas alturas de la película, después de los desastrosos accidentes ocurridos en salas de fiestas, teatros o discotecas, todavía tengamos en nuestra ciudad un centro comercial que no cumple con la normativa vigente es más que una vergüenza una temeridad.
Después de 20 años abierto, el Centro Comercial Porto Pi, a pesar de tener miles de personas que acuden diariamente para realizar sus compras, se ha convertido en poco menos que en una ciudad sin ley, donde podemos encontrar desde decenas de chiringuitos situados en el medio de los pasillos, hasta actividades infantiles pegadas a las escaleras mecánicas, o salidas de emergencia obstaculizadas por objetos. Todo vale en Porto Pi.
No sé de quién es la propiedad, no sé las condiciones exigidas a las tiendas que allí se ubican, pero la primera impresión que uno tiene cuando accede al recinto (el cual, por cierto, no sé que capacidad máxima tiene. Si algún día ocurre una desgracia seguro que lo sabremos…) es que está sobreexplotado.
No hablo desde el desconocimiento del espacio. Soy usuario asiduo, a pesar de no sentirme seguro en un lugar, como Porto Pi, donde da la sensación que un alto porcentaje de instalaciones no cumplen con la normativa.
Probablemente sería hora de recordar el proyecto inicial, los permisos concedidos, las licencias vigentes, los usos permitidos, y hacer cumplir la ley, una ley que está para proteger a usuarios y comerciantes, una ley que garantiza la seguridad, una ley que la propiedad debe observar y las instituciones públicas deben hacer cumplir.
