Uno de los objetivos primordiales del Centro de Estudios Estratégicos es la presentación de propuestas encaminadas a reestructurar el actual sistema político, económico y social de las Illes Balears, entre las que se encuentra la reforma de la administración pública autonómica.
A día de hoy, entre otras, estamos trabajando en la elaboración de una propuesta de reestructuración integral de la administración pública autonómica bajo el paraguas de una administración pública dimensionada adecuadamente, racionalizada y no hipertrófica que preste los servicios que sean imprescindibles, esenciales y estratégicos.
A partir de esta principal premisa, se trabaja, así mismo, en base a los siguientes principios:
• Exclusividad en la gestión de competencias (una administración una competencia)
• Simplificación administrativa y modernización.
• Eficiencia y eficacia para la prestación de los mismos.
El análisis y estudio de la situación de los servicios que presta la propia administración pública autonómica, ya sea directa o indirectamente, pone un énfasis especial en el elevadísimo coste total anual por el concepto de sueldos y salarios del personal, en torno a 1.500 millones de euros anuales. Sólo en capítulo I (nóminas y gastos sociales derivados), cada ciudadano balear debe abonar unos 1.400.-€ al año.
En la Administración pública autonómica prestan servicio un total, de 32.212 personas, cuya distribución se establece en: Administración pública propiamente dicha, 27.575 personas; en el sector público instrumental 2.830; 1.807 empleados de la UIB (docentes y otros). A éstos hay que añadirles todos los empleados de los centros educativos concertados (docentes y otros), que paga íntegramente la CAIB, y que, aproximadamente, son un total de, 3.500 personas; así mismo, el cómputo general de personal hay que incrementarlo en un número indeterminado que prestan servicio a través del capítulo VI bajo el concepto genérico y eufemístico de “proyectos de inversión”.
Hay que tener en cuenta que, el sector público en Baleares cuenta con varios niveles administrativos que, a su vez, gestionan sus competencias que en ocasiones son exclusivas y en otras son concurrentes. Así, en Baleares, cohabitan hasta 4 niveles administrativos; el autonómico ya citado, el estatal que cuenta con 10.668 empleados públicos; los 4 consells insulares (Mallorca-Menorca-Ibiza-Formentera) que empelan a 3.981 personas; y, finalmente los 67 municipios que emplean a 13.000 personas.
Con todo ello, lo verdaderamente relevante no es, tan sólo, el número de empleados públicos en Baleares y su coste económico anual para las arcas públicas, sino, el que si los servicios que prestan las citadas administraciones públicas están duplicados y si son, verdaderamente, imprescindibles o no.
La función de demanda para el consumo de bienes públicos tiende a infinito, pero los recursos son limitados, por lo que se debe hallar un equilibrio, de lo contrario el mal denominado “estado de bienestar” se precipitará hacia la disolución en su totalidad.
Circunscribiéndonos al ámbito autonómico, se hace imprescindible un estudio minucioso de las necesidades relativas a la prestación de servicios que deben ser considerados esenciales y, en consecuencia, provistos por el sector público, teniendo muy presente que la deuda pública total de la CAIB asciende a más de 9.000 millones de euros y sigue subiendo; que para el ejercicio 2016 se dispone de un presupuesto de 4.444 millones, de los que se tienen que detraer 1.500 millones para pago a los empleados públicos, 1.000 a entidades bancarias a los efectos de pago de intereses y amortización de deudas, transferencias económicas a los consells insulares para su funcionamiento ordinario (recordemos que los consells son entidades dependientes económicamente casi al 100 % del Govern), inversiones, nuevas contrataciones de deuda con entidades bancarias, pagos plurianuales de inversiones ya ejecutadas pero contratadas con pago diferido, etc.,
Por todo ello y, recuperando el hilo relativo a que los servicios públicos que se prestan cumplen los requisitos necesarios para ello, el CEE-IB apuesta por una administración pública adecuadamente dimensionada, en donde se presten, única y exclusivamente, los servicios imprescindibles, esenciales y estratégicos, y, éstos, no necesariamente deben ser prestados, directamente, por la administración pública, sino que pueden ser prestados en régimen de concierto por parte del sector privado y, evidentemente, bajo el control y supervisión de la administración pública en lo referente a calidad y cantidad. La gestión indirecta de un servicio público, más a allá de la demagogia y de los tópicos de la izquierda, son cotidianos, tales como el servicio de taxi, el servicio de farmacia, las ITV, los estancos, los centros escolares concertados, asistencia sanitaria concertada con centros privados etc…
El resto de servicios públicos que se están prestando, y, que no cumplen los criterios establecidos, deben dejar de prestarse de la manera que hasta ahora se ha entendido como gratuita, por cuanto representan un sobre coste para las arcas públicas que no tiene por qué ser financiado con los impuestos de los ciudadanos, sino que deben serlo por los usuarios de los mismos.
Ahora toca argumentar, seriamente, con datos, y sin demagogia y sin prejuicios, que se hace imprescindible aplicar los ajustes necesarios para que el sistema pueda ser, económicamente sostenible, y que se tiene que actuar, ante un crecimiento endógeno insostenible, aplicando un verdadero orden de prioridades y empezando por el extenso listado de servicios públicos que se prestan de manera duplicada, los que tienen tasas muy bajas de utilización por la ciudadanía, los que están “hinchados”, los que son poco eficientes, etc.
Adelante pues, iniciemos la elaboración de un catálogo de servicios clasificándolos en función de si cubren necesidades, ya sea individuales o colectivas o, por el contrario, sólo cubren deseos.
