Pintan bastos para el mutualismo administrativo. Una encuesta muy amplia realizada entre sus afiliados demuestra, de forma generalizada, que la preocupación se está adueñando del colectivo. Y no es para menos. La situación económica de la mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado se puede calificar de mala o muy mala. La crisis económica ha contribuido a deteriorar las expectativas de futuro de una provisión asistencial eficiente abandonada a su suerte por los sucesivos gobiernos. En los últimos cuatro años sus reservas han disminuido en mil millones y se precisa un crédito suplementario para afrontar los próximos pagos. En el 2014, ni la espantada de Sanitas ni la apuesta de Asisa por generalizar los sistemas de “forfait”, reduciendo la capacidad de elección y precarizando en demasía a sus profesionales, han contribuido a su estabilidad.
La asistencia sanitaria a los Funcionarios Civiles del Estado se presta a través de una mutualidad propia, dentro de un Régimen Especial de la Seguridad Social. La actividad se concierta con empresas de seguro de enfermedad. Se financia por medio de las cotizaciones de los mutualistas complementadas con una aportación del Estado. Da cobertura a casi dos millones de españoles desde hace más de 30 años. Es un modelo que opera con satisfacción, a un coste inferior al general y que de forma sistemática se ajusta, sin desvíos, a las partidas presupuestadas. Permite, además, la libre elección efectiva de centro y profesional sanitario.
En los últimos años, la provisión de fondos ha sido menguante. La edad del colectivo se va incrementando de forma alarmante, aumentan las clases pasivas y se impide la incorporación a los Funcionarios Civiles de las CCAA. La tendencia a la descapitalización, si no se toman medidas racionales y valientes, pone en peligro su continuidad.
No apostar por la vigencia de un modelo que ha demostrado una alta fidelización y satisfacción, sostenible, previsible y sin riesgos de sobrecoste o desvíos presupuestarios es lo mismo que apostar por su extinción.
No corren tiempos para veleidades ni para para dejarse llevar por falsos populismos. Apostar por fortalecer fórmulas y modelos que han demostrado sus capacidades durante más de tres décadas no deberían ser discutibles. El coste por persona protegida es más bajo que el del SNS en más de un 30% y contribuye a la vertebración de la asistencia privada en todo el país. Genera actividad económica complementaria y se comporta como un modulador del gasto sanitario público global.
La incorporación voluntaria de los funcionarios autonómicos reforzaría la mayoría de sus debilidades y la consecuente aportación extraordinaria del estado contribuiría a la reducción del agravio financiero. El modelo está servido. Apostar por iniciativas que resisten con solvencia la comparación de costes con el SNS representan una apuesta de futuro y una contribución a su sostenibilidad.
