Por huevos

Hace 13 años el entonces ministro de Agricultura del gobierno Aznar, el Sr. Arias Cañete, que ahora vuelve a serlo en el gobierno Rajoy, dijo que el trasvase del Ebro se haría por huevos y que la aprobación parlamentaria del Plan Hidrológico Nacional sería un paseo militar. Parece ser que los gobiernos del Partido Popular, amparados hoy como ayer en mayorías absolutas, son proclives a gobernar por el método del ordeno y mando, con escasa querencia a escuchar y dialogar, no ya con el resto de fuerzas políticas, sino tampoco con la sociedad civil. Gobiernan por real decreto, imponen sus tesis y sus leyes aunque no tengan ni un solo apoyo político ni social. Ponen tasas judiciales en contra de la opinión de jueces, abogados y la sociedad en general y con ello ponen en peligro el derecho a la tutela judicial efectiva. Deniegan el derecho a la asistencia sanitaria ordinaria a los inmigrantes sin permiso de residencia y otros colectivos, con la opinión en contra de los profesionales sanitarios, de las sociedades médicas, de los colegios de médicos y de otras profesiones sanitarias y ponen en peligro la salud de estos colectivos y, de rebote, la de toda la población. Aprueban una nueva ley de educación, la enésima, con la oposición de maestros y profesores, estudiantes, padres de alumnos y la sociedad en general y conseguirán empeorar aun más los estándares de nuestro sistema educativo y los pobres resultados de nuestros jóvenes en las pruebas internacionales de evaluación. Estas últimas semanas tenemos otro ejemplo con la vacuna de la varicela. En España hay dos vacunas aprobadas, una restringida a uso hospitalario y otra que se puede expedir en farmacias. La vacuna de la varicela se puede administrar a partir de los 12 meses. Hay países en los que forma parte del calendario vacunal y se suele administrar dos dosis, una a los 12 a 15 meses y otra a los dos o tres años, o a los cuatro. En otros países solo se vacuna a los grupos de riesgo y a los niños de 12 años que no hayan pasado la infección de forma natural. Y hay países, como España e Italia, donde algunas regiones siguen la primera pauta y otras la segunda. En España las comunidades autónomas de Navarra y Madrid y Ceuta y Melilla vacunan a todos los niños, el resto de autonomías solo a los niños de 12 años que no hayan padecido la enfermedad. En estas últimas comunidades, la vacuna estaba disponible en las farmacias, a disposición de aquellos padres que, bajo consejo y prescripción de sus pediatras, quisieran vacunar a sus hijos, eso sí, asumiendo el coste con su propio peculio. Y digo estaba, porque desde primeros de septiembre se empezó a observar un desabastecimiento en las farmacias, que fue denunciado en un comunicado conjunto de varias sociedades científico-médicas, entre ellas la Asociación Española de Pediatría, puesto que el laboratorio fabricante afirmaba tener existencias, pero estaban retenidas por el ministerio, que desmintió el hecho afirmando incluso que acababa de liberar un lote para suministro inmediato. Pero resultó que las unidades liberadas eran para los centros de vacunación de las comunidades autónomas, no para las farmacias, que siguieron, y siguen, sin vacuna.

Finalmente la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) ha admitido que ha decidido bloquear el suministro de vacuna a las farmacias, lo que supone la imposibilidad de vacunar a los niños fuera de los programas oficiales de vacunación. Las razones aducidas son una prescripción excesiva por parte de los pediatras, insinuando que se debería a intereses particulares, de una vacuna de la que dicen que no hay todavía datos científicos suficientes para saber si proporciona una protección duradera, para toda la vida, o si la protección se perderá con el paso del tiempo, dejando a los adultos sin protección, lo que podría significar un cambio en la epidemiología de la enfermedad, con mayor incidencia de casos en adultos, en los que la enfermedad es más grave que en los niños, así como un incremento en los casos de herpes zóster, que está producido por el mismo virus, ya que éste, una vez que infecta a una persona, permanece la toda la vida acantonado en los ganglios nerviosos espinales, desde donde, si se reactiva, provoca el herpes zóster.

Estas razones son poco consistentes. Los pediatras no pueden recetar excesivamente, puesto que se trata de una vacuna que se administra en dos dosis, así que lo máximo que pueden recetar son dos dosis por niño. Si lo que pretende la AEMPS es que no se vacune a los niños por las razones aducidas en el párrafo anterior, entonces no se entiende que se permita a dos comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla seguir con su calendario de vacunación sistemática, ya que eso sí sería un exceso de prescripción, nada menos que vacunar a todos los niños y eso sí que supondría un riesgo máximo de incremento de casos en adultos y de casos de herpes zóster. Pero es que todo ello no está en absoluto demostrado. Al contrario, un estudio de los CDC (Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades) de EE.UU., publicado en la revista Pediatrics, que recopila los datos disponibles en ese país desde 1995, año de introducción de la vacuna sistemática, hasta 2007, doce años, demuestra una reducción de la mortalidad por varicela de casi el 90 %, de 105 casos al año a 14. La reducción se ha producido sobre todo en niños, pero también en adultos, es decir, no solo no hay más casos en adultos, sino menos, probablemente porque al dejar de circular el virus entre los niños, tampoco se infectan los adultos que no tienen inmunidad.

La varicela es una enfermedad habitualmente benigna en los niños pero no exenta de riesgos. Hasta un 15 % padece algún tipo de complicación, algunas graves, incluso un pequeño porcentaje de muertes. Si disponemos de una vacuna eficaz y segura, que puede evitar a los niños los padecimientos asociados a la enfermedad, aunque sean leves, así como las posibles complicaciones, aunque no sean frecuentes, ¿vamos a dejar de administrarla por unas cautelas teóricas que no solo no se han demostrado, sino que la evidencia que va surgiendo de su uso indica todo lo contrario?. Y, sobre todo, si de lo que se trata es de no pagar, ¿porqué vamos a prohibir a los padres que, bajo consejo de sus pediatras, quieran vacunar a sus hijos y asumir el coste?. Y prohibimos, perdón retenemos, la vacuna en unos territorios, mientras en otros admitimos la vacunación sistemática de todos los niños. Y la AEMPS y el ministerio toman esta decisión sin consultar, sin dialogar, en contra de la opinión de los profesionales, sobre todo de los pediatras. La imponen, sin más. Y dicen ser liberales, pero adoran imponer y aborrecen dialogar. Dicen ser demócratas, pero socavan los fundamentos del estado de derecho. Dicen defender el estado del bienestar, pero se dedican a intentar desmantelarlo.

Y cuando han de explicar las razones de sus decisiones se limitan a hacer referencia al contenido de sus bolsas escrotales.