Políticos que no resuelven problemas

La Governanza, esa forma de gobernar caracterizada por la participación ciudadana en la configuración de las políticas públicas, parece que está sirviendo de excusa para que los representantes políticos deriven todas las decisiones a consultas públicas y así poder ampararse en la voluntad popular sea cual sea el resultado. Además de ello, nos encontramos con un escenario de opinión pública y opinión publicada que están dominando el escenario político.

La conjunción de ambas cosas nos ha llevado a una situación en que se echa a faltar que nuestros gobernantes tengan amplitud de mira y resuelvan los problemas con visión global y de futuro y no a golpe de titular o de retuit.

Por mucho que estemos en democracia y tenga que prevalecer la opinión de la mayoría de los ciudadanos, ello no nos debe llevar a obviar que casi siempre, rectifico, siempre, nos falta buena parte de la información y que por tanto, no podemos ser tan soberbios de pensar que siempre conocemos la solución a los problemas de la sociedad.

Digo todo esto porque empieza a ser demasiado habitual que tanto el legislador como el Gobierno dicten normas que, más que atajar los problemas, sólo son una respuesta a un reclamo social. Soy de los que defienden que los políticos han de estar bien pagados, y que por ello les tenemos que exigir que vayan un paso por delante de la ciudadanía, no a remolque de ésta como dá la sensación últimamente. No hay que gobernar a espaldas de las personas, por supuesto, no obstante, cabe mantener la cabeza fría y no dejarse llevar por las bajas pasiones humanas.

De lo que digo pondré dos ejemplos, para hacer ver que no siempre la opinión que se hace sentir es la solución a los problemas.

Escuchaba hace pocos días en Canal 4, una entrevista al capellán del Centro Penitenciario Jaume Alemany, lamentarse que las reformas al Código Penal que se van sucediendo siempre tienen como común denominador el endurecimiento de las penas. Con datos, afirmaba que en España el porcentaje de población reclusa es mucho superior al de estados cuyo índice de delincuencia es más elevado. La cuestión, es que, muy lejos de la función resocializadora que, según Constitución y Ley, han de tener las penas privativas de libertad, la realidad es que el mayor porcentaje de personas que salen de la prisión lo hacen peor de como entraron, y que, muy lejos de haber quedado escarmentados para no delinquir, su nueva situación poco otro margen les deja. Es decir, que la cárcel, tal y como está configurada hoy en día en España, es un hervidero de más delincuencia.

Siempre he definido la prisión com la escenificación del fracaso social, puesto que allí se congregan personas que no conocen otra forma de subsistencia que no sea el tráfico de drogas o el hampa. ¿No valdría más invertir los sesenta euros por persona y día que nos cuesta la cárcel por políticas de fomento de la educación, la formación y el empleo? Pues no, la respuesta que recibimos por parte del legislador, que parece muy influído por aquellos que volverían a sacar la guillotina si fuera posible, es el de patada para adelante y tapar la suciedad con la alfombra, queriendo ignorar que debajo de la alfombra se criarán cucarachas.

El segundo ejemplo lo tenemos en la financiación de los partidos políticos. Vamos a ser pragmáticos y a reconocer que las campañas electorales cuestan dinero: desplazamientos, equipamiento técnico, material y merchandising de campaña, piscolabis… y el dinero de las cuotas de los afiliados y de las asignaciones a los grupos municipales o parlamentarios no suele ser suficiente si se quiere hacer una campaña que tenga un mínimo de calado público.

En vez de reconocer a las claras que alguien tiene que sufragar las campañas, y por tanto establecer un sistema de financiación al estilo del imperante en Estados Unidos, se sigue obviando la realidad y legislando en contra de ello, fomentando, en consecuencia, prácticas nada aconsejables, ni legales, como son el cobro de comisiones derivadas de las contrataciones públicas o la colocación en cargos públicos de liberados, esto es, personas con un puesto en la administración pero que realmente dedican su jornada laboral a su partido político. La Ley de Financiación de Partidos Políticos en vez de resolver la situación la agrava, porque como no resulta popular explicar que es mejor una regulación de las aportaciones privadas a los partidos políticos, se sigue fomentando la financiación oculta de los partidos.

Sí, considero que los políticos han de estar bien pagados, pero no para que vayan a reacción de las críticas de los ciudadanos, sino para que sean clarividentes en las necesidades de la sociedad. Aunque lo parezca, no estoy volviendo al ideal de la ilustración de “todo para el pueblo pero sin el pueblo”, lo que estoy pidiendo, empero, es que se tenga la altura de miras suficiente para saber mantenerse inmune a críticas ávidas de sangre cuando éstas en absoluto suponen una solución al problema.