Salom, Verger, Alorda y Armengol adjudicaron la concesión a MAC

El último movimiento político de María Salom en el Consell de Mallorca ha generado una situación insólita: llevar a la Fiscalía el contrato de concesión de residuos pesados a MAC insular se pone ahora en cuestión cuando su aprobación contó con el respaldo de la unanimidad de fuerzas políticas. Fue aprobado por unanimidad en pleno ordinario del consell el 5 de mayo de 2003. Y ahí estaban, entre otros, la propia Salom (PP), Joan Verger (PP), Antoni Alorda (PSM) y Francina Armengol (PSIB).

El miércoles pasado la presidenta del Consell de Mallorca, María Salom, acompañada de la consellera insular de Medi Ambient, Catalina Soler, anunciaron en rueda de prensa su intención de remitir a la Fiscalía el contrato suscrito en 2003 entre la institución insular y la empresa Mac Insular, para la gestión de residuos de construcción, demolición, voluminosos y neumáticos. Salom afirmó que técnicos del Consell habían elaborado un informe donde se apunta la posibilidad de que pudiera existir un ilícito penal en la firma del contrato, lo que permitiría eventualmente declarar su nulidad, que es el objetivo que persigue ahora el Consell tras meses de negociaciones infructuosas entre con Mac Insular para bajar las tarifas.

Coincide también con la denuncia que ha hecho Mac Insular de la pretensión del Ajuntament de Campos de enterrar los escombros de los 68 apartamentos ilegales de Ses Covetes, actualmente en demolición, en la misma zona en que se edificaron. Mac Insular alegó que siendo la concesionaria única del servicio público obligatorio de gestión de residuos de construcción y demolición, todos los residuos derivados de una demolición han de ser tratados en sus instalaciones y que permitir lo contrario tendría un efecto muy pernicioso para el conjunto de la ciudadanía, pues se vería la diferencia de trato entre un condenado por infracción urbanística (el Ajuntament de Campos) y todos los demás que cumplen con la legalidad. Organizaciones ecologistas, así como Més per Mallorca y Esquerra Unida rechazaron la posibilidad de enterrar los escombros en el mismo paraje de Ses Covetes.

CONTRATO DE MAC INSULAR

Mac Insular está participada por Tirme, Sa Nostra y un conglomerado de las empresas de la construcción más importantes de Mallorca. El contrato fue suscrito en 2003 y en el pleno del Consell del día 5 de mayo de 2003 la concesión fue aprobada por unanimidad de todos los grupos. Así pues, como ya informó Mallorcadiario.com, la actual presidenta del CIM, María Salom, votó a favor de la concesión a Mac Insular, así como los consellers electos del PP, PSIB, PSM, EU-EV y UM. No hubo votos en contra ni abstenciones, lo cual significa que eventualmente la investigación que ahora reclama el Consell ha de incluir necesariamente a los citados grupos y a sus consellers.

Mac Insular en un comunicado de prensa emitido un día después del anuncio de María Salom, niega la acusación de prestar un servicio deficiente y alega que la concesión le fue otorgada en concurso público con todos los informes favorables. Y además, pone de manifiesto que la decisión del Consell se produce tras la interposición por Mac Insular de cuatro recursos contenciosos administrativos “en defensa de sus derechos como concesionario y decenas de denuncias por vertidos ilegales”, acusando de pasividad a la Administración. Lo cierto es que en los últimos años no se ha avanzado en la lucha contra la proliferación de vertederos ilegales de escombros y restos de obra, lo que ha reducido significativamente el volumen de los residuos tratados en la planta de Mac Insular, con la consiguiente repercusión en las tarifas. Mac Insular advierte en su comunicado que se reserva el derecho a exigir las responsabilidades patrimoniales y personales que legalmente procedieran. Una seria amenaza contra María Salom, el Grupo Popular en el Consell y contra la propia institución insular.

Además de las actuaciones contra Mac Insular, el Consell acordó en el pleno del día 11 de abril con el apoyo de PSIB y Més per Mallorca, revisar “todos los contratos”, especialmente los suscritos con TIRME, empresa adjudicataria del tratamiento de residuos de Mallorca  y con la constructora de la carretera de Manacor, Pamasa.

El contrato con TIRME fue suscrito por el popular Joan Verger (Presidente insular del PP) el 21 de mayo de 1992, con los votos a favor del PP, PSIB y UM. El PSM votó en contra en una votación celebrada el 30 de marzo de 1992.