Política de altos vuelos

El gobierno en funciones, en su relación con Baleares, está mostrando debilidad por los asuntos relacionados con el transporte aéreo. Corría el mes de junio de 2018. Ábalos, el Ministro de Fomento, se estrenó con unas declaraciones en las que afirmaba que no se podía ejecutar el acuerdo de aumentar el descuento aéreo al 75% acordado por el gobierno de Rajoy consensuado con Ribera, hasta el siguiente ejercicio. El argumento utilizado no era menor. No estaba contemplado en los presupuestos y era ilegal.

Bastó un golpe sobre la mesa de Coalición Canaria para que en dos semanas se hiciera efectivo. No debió quedar el hombre muy satisfecho. Hace tan solo un mes, hizo saber que estaba vigilando a los que estaban haciendo uso del descuento. Concretamente "quiénes se beneficiaban de estas bonificaciones y cuántas veces" para compararlo con su nivel de renta. “Sobrevolaba” la duda de su interés para acotarlo o reducirlo. El INE evidenció que los canarios y los baleares son los que menos viajan del país.

El Govern no ha querido ser menos. La edición de El Mundo en Baleares ha publicado que no se cumple el contrato de transporte sanitario firmado a principios de año. Se disparó hasta los 25 millones de euros, para mejorar las aeronaves y la seguridad. EM informa, concretamente, que los aviones que se contemplan en el mismo, para el traslado de enfermos entre islas, no cumplen con las condiciones estipuladas. En esta misma línea, el SEPLA, el sindicato de pilotos ha denunciado que el aparato que cubre el transporte sanitario entre Ibiza y Formentera incumple graves medidas de seguridad. Pide al Govern balear, lo que debería realizar de oficio, que exija a la empresa concesionaria que cumpla la normativa vigente.

Anécdotas, si se comparan con el patinazo estratosférico de Montero, la ministra de Hacienda. En la rueda de prensa que sigue al consejo de ministros, informó que se había aprobado la una transferencia económica a las comunidades autónomas. La misma que puso en marcha Montoro. La misma que hasta ayer era imposible realizar porque era ilegal. La misma que las mantenía en asfixia financiera absoluta hasta para gastos imprescindibles para su funcionamiento. La magnitud del desliz se agiganta cuando un periodista le pregunta por la cantidad aprobada. Poniendo cara de desconocimiento, tanto le da por decir 6.000 millones de euros como adoptar los 10.000 que le susurran en plena rueda de prensa.

Visto lo visto, si extrapolamos estos ejemplos al amplio espacio de las decisiones políticas con traducción económica es para ponerse a temblar.

Si, política, mejor dicho, políticos de “altos vuelos”. Buen finde.