Pocas cosas me parecen más canallas que lucrarse personalmente enarbolando banderas como “solidaridad”, “cooperación al desarrollo” o “ayuda al tercer mundo”. Todos los anteriores son eslóganes que engloban –o deberían hacerlo- ayudas para los más necesitados. En cambio, para otras personas son oportunidades tras las que hacer negocio con el dinero de todos nosotros, expoliando las pocas esperanzas de quienes menos tienen.
Esta semana hemos conocido que el ex conseller de la Comunidad Valenciana Rafael Blasco ha sido condenado, junto con otras personas, a 8 años de prisión y una inhabilitación de 20 años por haber dado cobertura el desvío fondos públicos que iban dirigidos a llevar a cabo proyectos en Nicaragua. La trama se urdió, esencialmente, de la siguiente manera: Un amigo o conocido de Rafael Blasco, pues así ha quedado acreditado en la Sentencia, llamado Rafael Tauroni creó una red de empresas dedicadas a la cooperación al desarrollo que, en realidad, carecían de los medios necesarios para llevarlos a cabo y su objetivo estribaba en proporcionar al Sr. Tauroni y a otros miembros de la trama un lucro particular.
La Sentencia llega a decir, textualmente, que del 1.666.099,86 € que la Generalitat invirtió en cooperación internacional, apenas llegaron a su destino 47.953,34 € (un 3%), pues del resto se aprovecharon en su propio beneficio el Sr. Tauroni y los demás implicados, precisando para ello “la necesaria colaboración del equipo directivo de la Consellería, comenzando por el Sr. Blasco”.
Es decir: según la sentencia, estos individuos tejieron una red de empresas para llevarse el dinero destinado a paliar la enorme pobreza de Nicaragua incrementando su propia riqueza.
Nicaragua es un país que, según Index Mundi, cuenta con una tasa de mortalidad infantil de 21,86/1000 y su renta per cápita fue, en 2012, de 2.551 dólares per cápita, es decir, 1.873,81 euros por habitante. Para todo un año. Unos 158 euros al mes.
Por tanto, el dinero que estos “sujetos” se quedaron, siempre según la Sentencia, equivale a la renta anual de casi 900 Nicaragüenses. ¿Saben qué es lo peor de todo? Que no me resulta posible explicar cómo alguien es capaz de quedarse con dinero de gente tan necesitada. Me resulta imposible entenderlo. Un dinero que iba a ayudarles a construir pozos de agua potable y cultivar alimentos para que pudieran satisfacer sus necesidades más básicas y que acabó usándose para comprar pisos y garajes en Valencia (no a nombre de los Nicaragüenses, obviamente).
Claro que si atendemos a las escuchas realizadas por la policía podemos entender más claramente cómo alguien es capaz de apropiarse de ese dinero. El País publicó el pasado día 6 de enero de 2014 que alguno de los miembros de la banda se refería a las subvenciones como algo en lo que “había que darle prioridad a los nuestro antes que a lo de los negratas” y los países que, a priori, debían recibirlas eran “negrolandia”.
No podemos evitar que haya gente con un nivel de incultura e ignorancia tan elevado como para llamar a Nicaragua “negrolandia”, pero sí que deberíamos asegurarnos de crear los mecanismos oportunos para mantenerles a muchos kilómetros de cualquier fondo público.
Si finalmente el Tribunal Supremo confirma las condenas y entran en prisión, espero que tengan tiempo –tiempo tendrán, que lo utilicen, más bien- para pensar en que, para ser más ricos, se han llevado lo poco que iban a tener los más pobres.
